Cospedal, que de vez en cuando viene por aquí, estuvo el martes en Toledo y -como ayer informamos en estas páginas- presentó en el debate sobre el estado de la Región una propuesta de privatización de la televisión de Castilla-La Mancha. No sé si desconoce que esta operación no se permite legalmente. Al menos así lo afirmó Esperanza Aguirre, refiriéndose a las frustradas intentonas en Telemadrid. «Si no hemos podido privatizar Telemadrid ni Alberto Ruiz-Gallardón ni yo misma es porque la Ley de Terceros Canales lo prohíbe».
Lleva razón. El artículo 9 de la llamada Ley del Tercer Canal, aprobada por las Cortes en 1983, dice textualmente: «La gestión mercantil del servicio público de Televisión del Tercer Canal se realizará por una sociedad anónima. El capital de la sociedad será público en su totalidad, suscrito íntegramente por la comunidad autónoma y no podrá enajenarse, hipotecarse, gravarse o pignorarse, en cualquier forma onerosa o gratuita».
Por otra parte, la presidenta regional del PP subrayó que con la privatización «se ahorrarían hasta 50.000 millones de las antiguas pesetas entre esta legislatura y la siguiente», dando por hecho el éxito inmediato del complejo cambio estructural que pretende.
Resulta anecdótico -y quizá pintoresco- su interés por las retransmisiones taurinas; CMT es seguramente la televisión que más toros ofrece a su audiencia en España. Que lo digan si no nuestros compañeros Fernando Fernández Román y Paco Mora, que en compañía de Cristina Sánchez y con su equipo, llevan a la audiencia, con gran profesionalidad y brillantez, noticia directa, desde las plazas monumentales a los tendidos más modestos, del colorido y la emoción de toda clase de festejos. Tocamos a varias corridas y películas del Oeste 'per capita'.
Por otra parte su denuncia de que la televisión que dirige Jordi García Candau «se ha convertido en un instrumento de propaganda del Gobierno del PSOE y su presidente», es el mismo argumento socialista respecto de Telemadrid, digo por ejemplo pepero. Al acceder la señora Aguirre a la Asamblea de Madrid, los grupos de PSOE e IU, sindicatos y otras representaciones, pusieron en duda la imparcialidad de los servicios informativos de la cadena y su gestión. En abril del 2007, con el eslogan 'Salvemos Telemadrid', trabajadores del canal -que hasta iban a crear un partido politico- denunciaron la manipulación en la información de la emisora. Incluso antiguos directores, como Francisco Giménez Alemán y Jorge Martínez Reverte, dijeron tajantemente que Telemadrid, por esa razón, «había dejado de ser un medio público».
Por cierto, y si volvemos al asunto de la privatización, la televisión del Gobierno de Esperanza Aguirre como decimos no es un ejemplo que favorezca el proyecto anunciado. En 1995, con la llegada a la Alcaldía de Madrid de Ruiz-Gallardón, se intentó privatizar la cadena, pero el plan fue rechazado por Aznar, entonces inquilino de La Moncloa. Hace tres años, la Asamblea de Madrid presentó una moción no de ley al Gobierno de España para permitir la privatización de la actividad del ente público. manteniendo una titularidad pública, pero con una gestión de contenidos en manos privadas. En manos propias, el ente comunitario, que cuenta con 21 años de vida, cerró un ejercicio con pérdidas superiores a los 22 millones de euros, con lo que acumula una deuda de 210 millones.
