Socialistas y populares se enzarzaron ayer sobre la aplicación de la Ley de Dependencia que está produciendo casos de denominado turismo sanitario o social. Así, la portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha , Carmen Riolobos, pidió ayer al Gobierno regional un informe «serio» y «riguroso», y que tome «las medidas oportunas» en los empadronamientos de ciudadanos de otras comunidades en la región para recibir prestaciones sociales.
Así lo declaró la portavoz del PP en rueda de prensa cuando fue preguntada por el aumento del «turismo social» en la comunidad, y manifestó que hay un «auténtico» debate a nivel nacional porque los servicios sociales y sanitarios son diferentes en cada comunidad autónoma.
Riolobos pidió al Gobierno de Castilla-La Mancha un informe que evalúe el estado de la situación y valore si las prestaciones que se están poniendo en marcha son «buenas» para los ciudadanos.
Además, pidió que en ese informe que debe realizar la Junta se valoren las prestaciones que los ciudadanos de la Región reciben de otras comunidades.
Hay «trasiego» de personas
Reconoció que existe un «trasiego de personas» que en las provincias limítrofes entre comunidades autónomas «se intercambian» para recibir prestaciones sociales y sanitarias.
Riolobos señaló que «muchos castellanomanchegos» acuden a hospitales de Madrid para recibir prestaciones sanitarias, pues disponen de servicios «de más calidad o más alta tecnología», o bien porque en el caso de zonas limítrofes entre comunidades la distancia para recibir una atención sanitaria es menor.
Por su parte, la diputada nacional y vicesecretaria regional del PSOE, Guadalupe Martín, valoró «positivamente» que en la Región se empadronen ciudadanos de otras comunidades, pues eso demuestra «un buen nivel de desarrollo de la ley de dependencia « y de otras prestaciones sociales.
Se refirió a la Comunidad de Madrid, en la que se dan «situaciones contradictorias», pues se exigen dos años de empadronamiento para solicitar la ley de dependencia .
Martín lanzó una «llamada de atención al Partido Popular» para que la ley de dependencia se establezca de «forma razonable» en todas las Comunidades Autónomas, y reclamó a la presidenta de los populares castellano-manchegos y secretaria nacional de la formación, María Dolores de Cospedal, que reclame el cumplimiento de la Ley de Dependencia en las comunidades en las que gobierna su partido como Madrid, Comunidad Valenciana o Murcia, «para evitar que se empadronen en Castilla-La Mancha para ser valorados ante los retrasos injustificados que viven esas comunidades».
No obstante, la responsable socialista reconoció que los casos detectados no son significativos.
