Desde hoy, los anestesistas, ginecólogos, diplomados en enfermería y matronas de Castilla-La Mancha pueden negarse 'oficialmente' a practicar abortos, pero antes tienen que facilitar sus datos para que figuren en un registro confidencial. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba ayer la orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social que establece quién puede negarse a participar en las interrupciones voluntarias del embarazo, dónde hay que registrarse para ejercer la objeción de conciencia y quién puede acceder al listado de objetores. Esta decisión se hacía pública ayer, el mismo día que la nueva Ley del Aborto, que debería entrar en vigor este lunes, se debatía en el Tribunal Constitucional.
La declaración de objeción de conciencia, cuyo impreso ya se puede conseguir en la web del diario oficial, pide el nombre del declarante, su titulación y el centro y servicio en el que trabaja. La declaración tendrá que presentarse por escrito al titular de la Gerencia de Atención Especializada. En cualquiera de los casos, tanto la objeción como su revocación deberán presentarse con una antelación mínima «de 7 días hábiles a la fecha prevista para la intervención».
Sólo pueden objetar y registrarse facultativos especialistas en Ginecología y Obstetricia, en Anestesiología y Reanimación y diplomados en Enfermería y matronas.
El registro contará con el aval de la Ley de Protección de Datos, pero podrán acceder al mismo los titulares de las gerencias y de las direcciones médicas y de enfermería de los hospitales del Sescam. Y es que la sanidad pública tendrá que saber con qué medios humanos cuenta para practicar interrupciones voluntarias del embarazo. De todas formas, hasta ahora, el Sescam derivaba todos los abortos a una clínica privada de Albacete.
El presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Francisco Parra, aplaudía ayer la decisión del registro de objetores, pero criticaba la falta de información que tienen los facultativos sobre la nueva norma. Hasta ayer, con una posible suspensión cautelar en el aire y la entrada en vigor de la Ley para el lunes, los médicos no sabían qué tenían que hacer o decir a sus pacientes. Parra agradeció que se vaya a respetar el derecho a ejercer la objeción de conciencia, así como explicó que el registro permitirá que el que objete en la sanidad pública no pueda practicar abortos en la privada.
En cualquiera de los casos, el Sescam también tendrá que crear un comité clínico para que intervenga, exclusivamente, en el supuesto de interrupción del embarazo por causas médicas, aunque en ningún caso autorizará o denegará la práctica de la intervención.
En este comité tendrán que estar presentes dos médicos especialistas en Ginecología o expertos en diagnóstico prenatal y un médico especialista en Pediatría, nombrados por el gerente del Sescam. La participación en el mismo será voluntaria y por un periodo de cuatro años.
Cabe recordar que, con la normativa actual, en Albacete se realizan medio millar de abortos al año, todos ellos fuera del sistema público aunque financiados por él.
