Los restos de más de medio centenar de albaceteños reposan en el más faraónico de los monumentos del franquismo, el Valle de los Caídos. Un mausoleo que en los últimos años ha estado en el centro de polémicas, ahora prácticamente acalladas porque se ha cerrado al público, con el oportuno achaque de la necesidad de hacer unas reformas por el deterioro que presenta la construcción.
Se equivocará quien piense que hubo entusiasmo a la hora de enviar a los nichos de la basílica del valle de Cuelgamuros los restos de aquellos 'caídos'. Todo lo contrario; como atestiguan los documentos que los funcionarios de turno guardaron con minucioso oficio, los responsables políticos del momento, en especial el gobernador civil (y jefe provincial del Movimiento), Santiago Guillén, se las vieron y se las desearon para encontrar los restos necesarios para que Albacete hiciera su contribución al monumento funerario.
Las claves se encuentran en una humilde carpeta de cartón en el Archivo Histórico Provincial; el expediente del Valle de los Caídos ofrece las circulares, cartas, respuestas, permisos y relaciones, algunas terribles, listados de cientos de 'caídos' y relatos de las circunstancias de las muertes. Telegramas, peticiones, respuestas de quienes decidían autorizar el envío de los cuerpos y de quienes negaban ese permiso.
Expediente completo
También hay todo un conjunto de pequeños documentos, desde las instrucciones para los familiares invitados a la inauguración, plano de dónde debían colocarse en la basílica y hasta los carteles que debían llevar los autobuses. Respuestas de alcaldes, aclaraciones de urgencia por telegrama y un poco alentador informe sobre los gastos de todo el proceso.
Para resumirlo en una frase, el problema es que, veinte años después de acabada la guerra civil (Franco inauguró el Valle de los Caídos el 1 de abril de 1959), los entusiasmos bélicos estaban bastante apagados, y el personal estaba más por la supervivencia y el salir adelante que por rememorar fastos y andar moviendo cadáveres de sitio. A pesar de esa manía -aún vigente- de parte de los españoles de remover los huesos de los antepasados, la mayoría no estaba por la labor de la fúnebre mudanza.
La inmensa mayoría de familiares no solicitaron ni autorizaron el envío de los restos de sus fallecidos al Valle de los Caídos. Hay que tener en cuenta, además, que el monumento, que surgió inicialmente con la idea de albergar en sus nichos los restos de 'caídos' de los nacionales, se llenó finalmente con restos de los dos bandos.
Héroes y mártires
El decreto fundacional, de 1940, hablaba de un «campo en que reposan los héroes y mártires del Cruzada». Pero la circular del gobernador Santiago Guillén a los alcaldes de la provincia, en 1958, ya aclaraba que podían enviarse restos de quienes «fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que, unos y otros, fueran de nacionalidad española y religión católica».
El proceso para recibir los restos en el Valle de los Caídos se puso en marcha con circulares del ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, a los gobernadores civiles, en mayo y octubre de 1958. Dando plazos muy ajustados, pedía relaciones de enterrados («caídos o inmolados») que pudieran trasladarse a Cuelgamuros, y daba instrucciones para que todo estuviera dispuesto, en febrero del año siguiente, en lugares de reunión, en cajas, con restos individuales o colectivos, para que los recogieran camiones enviados desde Madrid.
El gobernador de Albacete envió su primera circular a los alcaldes el 26 de mayo de 1958. Les daba 15 días para que enviasen relaciones de «caídos en batalla o sacrificados por la patria» o de personas enterradas, que cumplieran los requisitos, «y cuyos más próximos parientes expresen el deseo o presten su aquiescencia para que sus restos sean trasladados al Monumento».
Para estas labores se ofrecía la colaboración de la Guardia Civil y de los párrocos. Entre los documentos conservados en el Archivo Histórico Provincial figuran las autorizaciones del obispo Arturo Tabera y del arzobispo de Toledo, Enrique Pla y Deniel, para las exhumaciones y demás trámites.
Como siempre, hubo alcaldes y ayuntamientos más o menos eficientes; rápidos y lentos, concisos y barrocos. Pero el tono general era notoriamente frío, burocrático. En todo caso, destaca el trabajo del Ayuntamiento de Albacete, que envió dos relaciones. En una, la lista de «nuestros caídos», 251 personas, especificando profesión y fecha de la muerte, en 1936 y 1937. Hay cuatro nombres en los que se anota que los familiares autorizan el traslado de los restos al Valle de los Caídos.
En la otra, la relación de «caídos en este término municipal a la liberación de esta capital», con 705 nombres, de muertos entre 1939 y 1948. No se hace constar que se haya autorizado, entre ellos, ningún traslado a Cuelgamuros.
En algunos casos, los ayuntamientos contestaron que no existían muertos que pudieran ser enviados; en otros, como el de Tobarra, respondieron que «no obstante la difusión que se ha llevado a cabo y requerimientos efectuados a familiares de cuantos cayeron en nuestra Cruzada, ninguno de ellos ha manifestado deseos de que los restos de dichos caídos sean trasladados al Valle de los Caídos».
Respuestas
El tono de la respuesta de Villalgordo del Júcar era aún más tajante: los familiares de los dos caídos «por Dios y por España en nuestra pasada guerra de Liberación», que reposaban en un panteón familiar habían manifestado «que no están dispuestos a trasladar los restos al Valle de Cuelgamuros».
También Alcaraz, como otros, comunicaba que los familiares «no prestan su conformidad». Otros, como Molinicos, indicaron que no era posible localizar a familiares de algunos enterrados. Carcelén afirmaba que «en este municipio no hubo asesinados por los marxistas».
También llegaron, acompañados de las autorizaciones de los familiares (con póliza de 3 pesetas), las respuestas de quienes sí autorizaban el traslado. Algunas de estas comunicaciones respondían considerando un honor para la memoria de sus familias el hecho de que los restos reposasen en el mausoleo.
Despedida
La primera relación quedó fijada en marzo de 1959. La componen 51 cuerpos de Albacete, ocho de Chinchilla, tres de Tobarra, y uno por cada uno de los municipios de Almansa, Letur y La Roda. 34 de los cuerpos de Albacete y dos de Tobarra no estaban identificados. Se enviaban, detallaba el gobernador, en siete urnas colectivas y once individuales.
Los trabajos se precipitaron al final para llegar a tiempo a la fecha fijada para el envío de los cuerpos, el 18 de marzo de 1959. Se prepararon los cuerpos en cajas de 60 por 60 centímetros, o en otras mayores los restos colectivos y dos de cadáveres momificados (un imprevisto que hubo que solucionar a última hora).
En la capilla del Cementerio se celebró una misa de réquiem, un «sencillo y emotivo acto», según el diario La Voz de Albacete. Llama la atención que este diario, el único de la provincia en ese momento, dedicó las obligadas y generosas páginas que la ocasión requería a la inauguración del Valle de los Caídos, pero no publicó en esos días un solo dato local o provincial sobre los caídos que Albacete aportaba al monumento.
En todo caso, la documentación deja constancia de que, después del primer envío para la inauguración, pudo haber otros. Una circular del Gobierno Civil del 24 de junio de 1959 afirmaba que «hemos venido recibiendo algunas nuevas peticiones de traslados de restos», y que el Ministerio había decidido que «podrán seguir realizándose», para lo que se volvían a enviar circulares a los ayuntamientos.
