Trabajar desde casa es un lujo para muchas personas que ven, en esta posibilidad, una fórmula para conciliar la vida personal y laboral. Más allá de eso, también puede ser una vía para solucionar problemas productivos: si la gripe A hubiese llegado ser la pandemia anunciada, algunas empresas podrían haber mandado a sus profesionales a trabajar desde el domicilio para evitar contagios. En todos los casos, el teletrabajo así concebido sólo es posible gracias a la proliferación de las nuevas tecnologías y algunos sectores, como la administración pública, lo tienen especialmente fácil para ponerlo en marcha, como reclama en Castilla-La Mancha el sindicato Csi-Csif.
Su implantación, según recuerda el secretario autonómico de Acción Sindical de Csi-Csif, Ramón Caballero, «no es ninguna utopía, sino una de las medidas recogidas en el Acuerdo gobierno-sindicatos para la Función Pública en el marco del diálogo social 2010-2012». Desde su punto de vista, la alternativa de independizar al trabajador de un espacio concreto no sólo hace posible la tan demandada conciliación, sino que también mejoraría la imagen social de los empleados públicos, dotando a las administraciones de mayor eficacia y eficiencia.
«Si no se aplica es por una cuestión de falta de voluntad política, porque los medios técnicos existen y la demanda entre el colectivo de trabajadores también». Eso sí, son conscientes de que no todas las labores pueden hacerse desde casa, aunque el abanico de los que sí pueden trabajar así es amplio. Es el caso, explica Caballero, de ciertas tareas relacionadas con la informática; la redacción, corrección o tratamiento de documentos; así como la elaboración de informes y proyectos técnicos. Unas actuaciones que, al igual que ocurre cuando uno está «en el trabajo», se controlarían para garantizar el rendimiento mediante la cumplimentación, por ejemplo, de formularios electrónicos.
El representante de Csi-Csif, sindicato pionero en reivindicar esta cuestión, recuerda que precedentes ya se dan en otras comunidades autónomas como Castilla y León, donde se ha iniciado un programa experimental que permitirá que unos 200 funcionarios trabajen desde su casa tres días a la semana.
Experiencia piloto este año
En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional también ha mostrado su interés por el tema, como señala el director general de Función Pública y Calidad de Servicios, Luis Herrera, quien comenta que la Orden de horarios y vacaciones para el personal funcionario ya prevé, expresamente, la posibilidad del teletrabajo. «A lo largo de este año queremos iniciar una experiencia piloto en este sentido, de manera que luego podamos evaluar los resultados y poder extender, así, esta modalidad en aquellas áreas y puestos donde sea factible».
El propósito de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia es poner en marcha la experiencia en el área de Informática, a través de la Dirección General de Sociedad de la Información y Telecomunicaciones, para colectivos como programadores o analistas. La iniciativa se irá haciendo de forma gradual, y teniendo en cuenta que el teletrabajo «no consiste en que el personal ya no asista a su centro de trabajo, sino que no tenga que hacerlo con un horario rígido; la clave es la flexibilidad».
Los funcionarios sustituirían la tradicional 'ficha', el control de presencia o de asistencia, por un control de productividad: «El funcionario que se acoge al régimen de teletrabajo ya no tiene que justificar unas horas de asistencia a su centro de trabajo, sino que cumple con unos resultados que previamente se habrán establecido».
Al tratarse de una experiencia piloto, los medios que utilizaría el funcionario para desempeñar su labor serían en parte personales y en parte públicos. Igualmente, habría que hacer un estudio de prevención de riesgos laborales y de ergonomía, ya que estar casa no significa que no se cumplan los parámetros de seguridad y salud en el trabajo. Tampoco desaparecería su puesto 'físico' en la Consejería o el organismo de la Junta correspondiente, ya que «en todas los ensayos que se han realizado, no sólo en el ámbito público sino también en la empresa privada, demuestran que es positivo que se mantenga el aspecto presencial y de relación con los compañeros», comentaba Luis Herrera.
Orígenes
El término 'teletrabajo' se acuñó en los años setenta del pasado siglo en Estados Unidos. La profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), María José Romero, indica que «por entonces se denominaba telecommuting y se usaba para referirse a la sustitución de los desplazamientos debidos al trabajo gracias a las telecomunicaciones». Añade, en este sentido, que el concepto «no encierra todo lo que en la actualidad supone, ya que la palabra se acuñó en plena crisis petrolera buscando más el ahorro de combustibles que en una nueva forma de trabajar».
A juicio de la experta de la UCLM, el teletrabajo se está extendiendo a múltiples sectores y actividades, algo que en principio no se contemplaba y que ahora es posible debido a una cuestión fundamental: el desarrollo y el abaratamiento de la tecnología, que según Romero «ha conllevado un proceso de homologación y homogenización de los medios de trabajo».
Respecto a si el contexto actual de crisis económica es un revulsivo o un obstáculo para su extensión, la profesora de la UCLM advierte que «previamente, cuando hablamos de teletrabajo hay que determinar sus diferentes modalidades, como itinerante, a tiempo parcial, semiteletrabajo con jornada compartida -días en casa, días en la empresa- y otras muchas posibilidades con sus problemáticas concretas».
«Hoy, en la sociedad actual, el teletrabajo no se plantea como una solución a un problema de crisis globalizada, sino que se ve, sobre todo, como un yacimiento de empleo, como una oportunidad de trabajo», de ahí que se apueste por él en las políticas que se desarrollan en esta materia.
En la misma línea se manifestaba el representante de la Junta de Comunidades, quien señalaba que el teletrabajo «no tiene por qué suponer un aumento de costes sino que, al contrario, debería generar, a medio plazo, un ahorro de gastos para la Administración pública». Y eso, además, con un aumento de la productividad.
