El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas alcanzaron ayer un acuerdo para lograr un ahorro en el gasto farmacéutico de 1.500 millones de euros, mediante un Real Decreto que se aprobará la próxima semana, en el marco de un «gran pacto» para garantizar el futuro del actual modelo sanitario.
Jiménez, rodeada de todos los consejeros autonómicos de Salud, hizo este anuncio tras concluir el Consejo Territorial en el que se han dado los primeros pasos para reducir el gasto sanitario en el actual contexto de crisis económica.
Otras actuaciones que se desarrollarán este año, para lograr la «equidad» del sistema, serán la aprobación de una norma para la universalización de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS) y otra sobre tiempos máximos de espera quirúrgica para todo el territorio español. Se establecerá un calendario vacunal único y se mejorará el uso extensivo del acceso del ciudadano a las nuevas tecnologías o E-health y la historia clínica digital común.
El ahorro del gasto farmacéutico, que representa el 25% de la financiación sanitaria, se logrará mediante una modificación del sistema de precios de referencia, lo que liberará 916 millones de euros; una rebaja de los medicamentos genéricos, que supondrá 317 millones, y la fijación de precios máximos para fármacos de síntomas menores, con un reducción de 352 millones.
Menores precios
La ministra, que no relevó la deuda actual sanitaria, resaltó que esta actuación supondrá un «ahorro directo» al ciudadano de unos cien millones de euros anuales, gracias, por ejemplo, a los menores precios al adquirir medicamentos. Jiménez precisó que la modificación del cálculo de los precios de referencia se establecerá a partir del medicamento que resulte más barato por tratamiento y día, y no con el promedio de los tres más económicos como se hacía hasta ahora.
En el ámbito de los productos sanitarios, se ha acordado unas rebajas del 20% para los pañales y del 6%para el resto. La medida se adoptará mediante un Real Decreto que se aprobará la próxima semana, que tendrá que ser convalidado en el Parlamento, y que entrará en vigor con carácter inmediato.
Anunció además que se establecerá una central de compras, a la que las Comunidades se pueden sumar de «forma voluntaria» para hacer una adquisición centralizada y calibrar los precios de compras de los distintos proveedores.
