El pago de las nóminas a final de mes es el principal desvelo de muchos alcaldes. Aunque en Castilla-La Mancha ningún ayuntamiento ha tenido que llegar al extremo del de Jerez de la Frontera aprobando un expediente de regulación de empleo, empieza a haber problemas. Siete ayuntamientos de la provincia tienen que destinar casi la mitad de su presupuesto a pagar el sueldo de sus funcionarios, una partida que supera con creces el 40% del total de sus gastos. A la cabeza está Yeste (48%), seguido de Almansa (44%), Letur (45%), Robledo (42%), Tarazona de la Mancha (41%), Villamalea (41%) y Ontur (40%). Y la Diputación Provincial, digamos, tampoco es un ejemplo, pues el de personal representa el 48% del total de sus gastos.
En la capital, el porcentaje es algo más bajo (38%), y aún así el Ayuntamiento mantiene abierto un conflicto con los sindicatos ante su propuesta de aplazar el pago de parte de las subidas salariales acordadas para estos años, medida que será votada en referéndum este jueves.
Las pequeñas empresas y autónomos que trabajan para estos ayuntamientos con problemas de liquidez son otros de los afectados por indigencia municipal. En la provincia, cinco ayuntamientos se agarraron a la posibilidad que les dio la primavera pasada el Gobierno de concertar créditos extraordinarios para pagar con urgencia facturas pendientes. Hellín formalizó una operación, que debía ir aparejada a un plan de saneamiento, por valor de 8,5 millones de euros, y Yeste, por importe de 2,5 millones. También se acogieron Elche de la Sierra (400.000 euros), Socovos (249.000 euros) y Munera (219.000 euros).
Problemas de liquidez
En la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha aseguran que hasta ahora, los ayuntamientos han «pagado religiosamente», como lo demuestra que en la provincia de Albacete el Estado apenas ha retenido un 1% de los ingresos a cuenta para compensar deudas que los municipios tuvieran con Hacienda o la Seguridad Social.
Ahora ya, en 2010, admite el coordinador, Francisco Ortiz, «empieza a haber problemas de liquidez», que se agravan porque los bancos ya no dan los créditos con la misma «alegría»; «antes, los ayuntamientos pedían créditos a corto plazo, a la espera del dinero que les llegaba del Estado y la Junta, pero ahora ya no se juega con esta posibilidad». ¿Qué opción queda? El mes pasado, el Estado hizo un adelanto de dinero, una entrega a cuenta, (2,7 millones de euros entre los pueblos de la provincia y 2,3 millones a la capital) que de momento permitirá a los ayuntamientos pagar sus nóminas y seguir tirando.
También ha supuesto un cierto alivio medidas como el aumento en el Fondo Regional de Cooperación Local del 60 al 70% del fondo incondicionado (dinero que los ayuntamientos destinan a lo que quieran) o la posibilidad de destinar buen parte del II Plan Zapatero a sufragar gasto corriente.