En pleno conflicto sindical abierto en el Ayuntamiento de Albacete por la congelación de parte de las nóminas de algunos funcionarios, llega una nueva sentencia que tira para atrás el pago de «suculentas cantidades en concepto de productividad» a unos escasos 40 trabajadores, de entre una plantilla de 1.156 funcionarios municipales.
La sentencia, dictada a raíz de un recurso interpuesto por el concejal del PP, José Luis Serrallé, por el juzgado Contencioso Administrativo número 2 no tiene desperdicio y critica con dureza el reparto de estas cantidades, sin que previamente se haya aprobado un Plan General de Productividad, tal y como se pactó en el Convenio Marco, ni otros planes específicos donde se fijen «criterios objetivos y fiables» que justifiquen que los trabajos por los que el Ayuntamiento paga ese dinero «sean precisamente la consecuencia de una actividad extraordinaria […] cuando precisamente entran dentro de las obligaciones concretas de su puesto de trabajo».
El juez llega a decir que «no se pone en duda que los funcionarios afectados tengan un especial rendimiento o interés en su puesto de trabajo» pero añade que para cobrar una productividad «es necesario algo más que cumplir con las obligaciones de un puesto de trabajo, al ser preciso que hayan cumplido con unos objetivos que así lo determinen por estar preestablecidos con relación a cada uno de esos puestos».
Y esos planes donde dichos objetivos estén fijados no existen con carácter previo, entiende el juzgador, de ahí que anule el pago de estas productividades que se abonaron por trabajos realizados en el 2008. Y es que, el Ayuntamiento justificó el pago de estas cantidades, aprobando unos objetivos a alcanzar en diciembre del 2008, es decir, cuando ya se sabía cuál había sido el trabajo desarrollado.
Chapuza
«Si el objetivo de la productividad es incentivar a los trabajadores, mal los puedes incentivar si le marcas los objetivos al final del año», argumentó el concejal del PP, que tildó de «chapuza» la gestión del equipo de gobierno socialista.
Las productividades declaradas nulas rondan los 311.000 euros. En concreto, se anulan 98.000 euros que se repartieron entre seis trabajadores del servicio de Infraestructuras; un pago que ya fue anulado por los juzgados a raíz de una reclamación de UGT. En la sentencia, se recuerda que el Ayuntamiento lleva 13 años pagando a estos funcionarios una serie de cantidades «que unos años se justifican bajo el complemento de productividad y otros años como servicios extraordinarios». La sentencia también anula el pago de otras productividades a funcionarios de Medio Ambiente, de Gestión de Ingresos y de Gestión de Multas.
Hasta 24.000 euros
Desde el PP también opinan que estas cantidades a repartir entre tan pocos funcionarios son muy elevadas. José Luis Serrallé dijo que «no es de recibo» que, por ejemplo, un sólo funcionario llegue a cobrar hasta 24.000 euros, además de su sueldo, cantidad a las que se pueden sumar otras «productividades millonarias» que también han sido recurridas a los tribunales y que el equipo de gobierno aprobó por el esfuerzo realizado por algunos técnicos para sacar adelante las obras del Plan de Barrios y del Plan Zapatero.
Serrallé se sumó a la apreciación del juzgador que habla de «evidente discriminación» del equipo de gobierno hacia el resto de trabajadores a quienes no se pagan estas productividades, pues podría concluirse que éstos «no desempeñan su trabajo con especial rendimiento, actividad extraordinaria, ni interés o iniciativa».
