Once meses han pasado desde que las obras se paralizaran en el Área de Reparto número 5 (AR-5) de Chinchilla y nadie tiene claro cuándo se podrán reiniciar los trabajos y, ni siquiera si podrán hacerlo algún día. La peor parte se la llevan los cerca de 400 particulares afectados por la paralización de los trabajos que pagaron religiosamente sus cuotas de urbanización y que ahora no saben qué pasa con su dinero. En la inmensa mayoría de los casos han pagado de su bolsillo entre el 90 y el 100% de las cuotas de urbanización que les correspondían. En total más de cinco millones de euros de los que ahora nadie responde. «A día de hoy sabemos a quien le hemos pagado y lo que hemos pagado, pero no dónde está el dinero, ni quien lo tiene o si ha habido alguna variación», reconoció el portavoz de la Asociación de Perjudicados por el AR-5 de Chinchilla, José Miguel Monteagudo.
Y es que no han obtenido respuesta del agente urbanizador (Auno) a quien entregaron el dinero en concepto de cuotas de urbanización, «porque lo único que nos han dicho cuando preguntamos dónde está nuestro dinero es que si los billetes tienen el nombre puesto», se lamentó el portavoz de la organización que el pasado domingo reunió a más de 200 afectados por la situación.
Se movilizarán
Por ello no descartan pedir responsabilidades a la administración, tanto Ayuntamiento como Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «porque fueron los que autorizaron que se hiciera esa urbanización de esa manera y en esas condiciones», para que les garantice que no perderán su dinero, «porque ojalá que esté preparado para reiniciar la urbanización cuando se pueda, pero a día de hoy nadie nos ha dicho que tienen el dinero para ello». De hecho, ya han contratado un abogado que se encargará de investigar qué ocurre con su dinero e ir pensando cómo plantear las reclamaciones a la administración.
Ya han dado un primer paso reclamando al agente urbanizador que les devuelva el dinero de las obras que no ha ejecutado (la ejecución de las obras se encuentra al 28% cuando las cantidades entregadas superan el 90%), junto a los intereses legales correspondientes.
En total reclaman que Auno les abone algo más de 3 millones de euros. Consideran que la administración es «subsidiaria» en esta situación «y como tal tienen que buscarle una solución a esta urbanización y sacarnos de este problema que tenemos». Aseguran incluso que es una «obra municipal en toda regla» y como tal reivindican a las administraciones que tomen cartas en el asunto. Con esta situación tampoco descartan iniciar una serie de movilizaciones y concentraciones a las puertas de las administraciones responsables «incluso nos planteamos ir a Toledo a protestar en la Junta» para pedir una solución al conflicto.
Recuerdan que han sido las propias administraciones las que les han metido «forzosamente» en esta situación al declarar esa zona urbanizable «y por eso le vamos a pedir que nos saque de aquí», aunque de momento están estudiando el calendario de movilizaciones.
Situación «muy grave»
Admiten que la situación es «muy grave» y que se ha agravado aún más por el conflicto, que incluso ha llegado a los tribunales, entre el agente urbanizador y la empresa constructora (Eiffage), «porque hoy mismo (por ayer) han tenido un juicio cambiario en el que el juez ha dado la razón a la constructora».
Ello se suma a que el Consejo de Ministros sancionó al agente urbanizador con más de medio millón de euros por invadir el espacio de dominio público hidráulico tras una denuncia formulada por la Confederación Hidrográfica del Júcar tras la urbanización de terrenos de la Rambla del Cañaveral.
El motivo de la paralización de las obras fue precisamente el desencuentro entre agente urbanizador y constructora, en el que el primero acusa a la segunda de no cumplir los plazos y la segunda responde que se debe a los condicionantes técnicos y conflictos con los particulares que no se habían concretado. «Entre los dos nos encontramos con once meses de paralización de las obras cuando nosotros ya hemos pagado prácticamente el cien por cien de los derechos de urbanización», se lamentó José Miguel Monteagudo.
El portavoz de la organización reconoció que el problema no está ahora en la solución de los problemas con la Confederación «porque no supondría tirar todo el planeamiento del proyecto».
