Los administradores de fincas de Alicante, a través de su colegio profesional, han unido sus esfuerzos a los instaladores eléctricos de la provincia para combatir el intrusismo, que se ha disparado sobremanera en las últimas semanas tras iniciar Iberdrola la aplicación de una directiva europea que obliga a los suministrados a cambiar el interruptor de control de potencia (ICP). Como viene informando este diario, las notificaciones de la compañía energética se han disparado como también la intervención de instaladores no autorizados por la Conselleria de Industria, según denuncia la patronal del sector Apeme.
El secretario de Apeme, Andrés Gálvez, se reunió a finales de la pasada semana con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Eliseo Mogica, con el fin de pedir la colaboración de estos profesionales para frenar la acción de los instaladores «piratas». En la colocación del ICP y, sobre todo, en los trabajos previos hasta que Iberdrola certifica el dispositivo están actuando instaladores que no están autorizados y que revientan los precios. Apeme ha alertado de que se han multiplicado como setas las ofertas y el buzoneo, con tarifas de apenas 30 euros por un trabajo que mucho más costoso y que requiere de un arreglo mayor de toda la instalación eléctrica, en la mayoría de los casos. La duda que albergan ahora tanto los suministrados como los profesionales autorizados de Apeme es si los técnicos de Iberdrola serán más o menos exhaustivos en sus revisiones, que se empezarán a producir dentro de un mes, aproximadamente. En caso de que los 300.000 propietarios de viviendas y comercios afectados por la medida legal no preparen el dispositivo y den cuenta a Iberdrola, la compañía facturará por valor cuatro veces superior a la potencia contratada (de 5 a 20 kilowatios».
