Difícil papeleta tiene el actual alcalde de Chinchilla, Daniel Ballesteros, que accedió al cargo hace apenas una semana tras la dimisión de su antecesor. Los problemas urbanísticos acucian a la localidad que ha sido uno de los ejemplos más claros de los excesos inmobiliarios de los últimos años en la provincia y que le ha tenido a él como concejal de Urbanismo. Defiende a ultranza las actuaciones del Ayuntamiento «que han pasado toda la evaluación ambiental» pese a los problemas que han tenido con los tribunales.
-¿Es consciente de que tiene a medio pueblo cabreado por las cuestiones urbanísticas?
-Sí, efectivamente, pero sólo por un tema, el del Área de Reparto 5, La Raya y El Tejar. Es el tema urbanístico que ha generado malestar, pero los demás no.
-Todo el mundo le señala como el verdadero culpable de la situación por la que atraviesa Chinchilla, ¿se siente responsable?
-Soy responsable de aquello que he llevado a cabo y de las decisiones que he tomado particularmente o colegiadamente en junta de gobierno o en pleno. Lo que estamos haciendo ahora es buscar soluciones a esos problemas. Esos problemas han surgido, pero no en cuanto al planeamiento en sí, porque nadie nos ha dicho que el planeamiento no sea correcto porque proviene de un Plan de Ordenación Municipal aprobado.
-Entonces, según usted ¿qué es lo que ha ocurrido?
-En el caso del Área de Reparto 5, la Confederación impulsa un expediente sancionador que dice que el agente urbanizador hace obras en la zona del dominio público hidráulico y en la zona de servidumbre. Lo único que hemos de decir aquí es que no hay ninguna mala fe en esto, ni ninguna predisposición a saltarse a la Confederación porque el Área de Reparto 5 es un desarrollo del Plan de Ordenación Municipal que estaba concertado con la Confederación.
-¿Por qué entonces dice ahora que se invade el dominio público?
-Ha habido un cierto malentendido porque cuando se concierta el Ayuntamiento cree que el planeamiento se ha sometido ya al informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No hubo tal informe cuando solicitamos que nos dijeran qué cauces públicos podría haber o qué zonas habría que proteger. Lo que sí está claro es que las obras se han llevado a cabo de acuerdo a un programa de actuación urbanizadora que se aprobó y de un proyecto de urbanización. El Ayuntamiento cuando ha recibido algo sobre esto ha sido una vez que todo estaba aprobado.
Retraso de la Confederación
-Pero, la Confederación les alertó antes de que el Ayuntamiento diera las correspondientes licencias de que no se podía urbanizar.
-En absoluto. Los documentos están registrados de entrada y se puede ver cuando recibe el Ayuntamiento la primera noticia sobre este asunto, que lo hace por la Junta que es la que hace la evaluación ambiental. Ahí se ve que la primera noticia que tenemos es posterior a la aprobación de todo, incluyendo el proyecto de urbanización.
-Aún así las obras siguieron, desoyendo las recomendaciones de la Confederación.
-Las obras siguieron muy poco, se paralizaron casi inmediatamente, en cuestión de pocos días porque además había surgido un problema entre agente urbanizador y contratista.
-Pero las obras se paralizaron por ese motivo no porque el Ayuntamiento dijera que había que pararlas...
-Las obras se paralizaron por los dos motivos. Había ya una paralización casi real de las obras, porque se estaban realizando con una baja actividad, y después, cuando recibimos esta recomendación, se motivó la paralización total.
-¿Cuándo dio entonces la orden de paralizar las obras?
-Ahora mismo no me acuerdo, pero más que dar la orden el Ayuntamiento, fue el propio agente urbanizador ante la comunicación que recibió incoando el expediente sancionador. En el AR-5 no se ha incumplido la Lotau (ley urbanística de la Región) en cuanto al desarrollo del planeamiento y en cuanto al cumplimiento de los requisitos, sino que simplemente ha habido un malentendido entre dos administraciones, el Ayuntamiento y la Confederación, y ahora mismo está en vías de solución con propuestas que respetan en cierta forma lo que la Confederación tiene que proteger y vigilar y no echan abajo el planeamiento aprobado ya por el Ayuntamiento y por la Junta.
-Sabe que los ecologistas han pedido la intervención del Fiscal Anticorrupción porque podría existir un supuesto delito de prevaricación...
-Eso ya lo pidieron. Ecologistas en Acción se dirigió a la Fiscalía medioambiental que, lógicamente, dijo que no había nada y que se había tramitado todo conforme a la legislación vigente y que lo único que podía haber era una discrepancia entre dos administraciones.
-Eso lo dijo el fiscal de Medio Ambiente de Albacete, ahora lo que dicen es que van a recurrir directamente a la Fiscalía Anticorrupción porque no están de acuerdo con esa resolución.
-Todos estamos acostumbrados a que cuando la justicia nos da la razón es muy buena, pero cuando no es así, se dice que el estamento no es el adecuado. El fiscal ya se ha pronunciado. Que lo lleven. Dado que era un tema complicado, ya me sometí voluntariamente a un interrogatorio de la Policía Judicial, enviada por la Fiscalía.
-¿No ha sido consciente en ningún momento de que las obras invadían la rambla del Cañaveral, pese a que es bien visible que existe?
-Ahora mismo se puede ver si discurre agua o no discurre. Lo que sí está claro es que cuando el Ayuntamiento concertó el Plan de Ordenación pidió que dijeran qué zonas había que proteger. La Junta de Comunidades sí llevó a cabo sus alegaciones respecto al monte público y a las vaguadas que forman parte de estos cauces, y se protegieron. Si se nos hubiera detallado, cuando hicimos el Plan de Ordenación, que había otros cauces, el Ayuntamiento no hubiera tenido ningún problema en llevar a cabo una protección como se ha hecho con todo lo demás.
-Pese a que no lleva agua, las ramblas son precisamente para recoger las aguas de lluvias, sobre todo cuando son muy intensas....
-Se exagera cuando se dice que hay un gran peligro para las personas. Si se pregunta a los propietarios la mayoría podrán decir que no hay circulaciones significativas de agua.
-¿Cuál es la solución que baraja el Ayuntamiento con la Junta y el Ministerio, porque hay una sanción importante de por medio y se ha ordenado que la rambla vuelva a su estado natural?
-La sanción se impone al agente urbanizador, que está en su periodo de recurso, y es una cosa que tendrá que resolver él. Con los servicios técnicos se está intentando resolver el problema tratando de proteger aquello que se deba proteger y optar por aquellas soluciones que, protegiendo, no signifiquen retrotraerse del planeamiento completo, porque afectaríamos a otros que han llevado a cabo un desarrollo sobre un Plan de Ordenación municipal aprobado, que se aprobó con el informe favorable de la Junta de Comunidades.
-Sigue sin quedarme claro entonces quien no vio dónde estaba el problema, fue la Confederación, la Junta o fue el propio Ayuntamiento...
-Cuando se hace un Plan de Ordenación Municipal se concierta con los municipios colindantes, con todas las administraciones afectadas, como Fomento a través de la Demarcación de Carreteras, Hacienda o Defensa... Se concierta para que cada uno nos establezca unas limitaciones. El Plan de Ordenación respeta esas limitaciones y se redacta salvaguardando las limitaciones que impone cada uno. No sé porqué el Ayuntamiento, en la concertación que llevó a cabo con la Confederación Hidrográfica del Júcar, la información no fluyó. Al no fluir, el Ayuntamiento supuso que no había nada que proteger y el Plan de Ordenación salió de esa forma. El Ayuntamiento no dispuso de esa información y, lógicamente, no la incluyó dentro del Plan de Ordenación. Todo esto se ha sometido a evaluación ambiental por parte de la Junta de Comunidades, nadie ha hecho ninguna alegación, pese a que se ha sometido al trámite de alegaciones a todas las administraciones y colectivos, incluido Ecologistas en Acción. ¿Dónde está la gravedad que dicen ahora cuando sólo presentó alegaciones la Sociedad Española de Ornitología? La Confederación del Júcar lo hizo, pero una vez que ya se había dictaminado favorablemente la evaluación ambiental y una vez que estaba todo aprobado por parte del Ayuntamiento.
-¿Volverá la rambla a su estado natural algún día?
-Eso es lo que se pretende, recuperar la rambla.
Una solución asumible
-Y ¿quién va a asumir el coste de todo eso?
-No estamos hablando de grandes costes porque no requiere de grandes obras. Ya se están estudiando entre los servicios técnicos de la Confederación y los directores de obra las modificaciones que hay que acometer para poder solucionar el problema siguiendo las directrices de la Confederación del Júcar.
-¿Repercutirá sobre las familias que han estado pagando hasta ahora los gastos de urbanización?
-En principio sobre los propietarios incidirá aquello que la ley diga que tenga que incidir. Aquellas otras cosas que no tenga que ser así, será cuestión del agente urbanizador, del Ayuntamiento o de quien sea.
-¿Qué dice la ley en este caso?
-No lo sé. Veremos a ver a quien se le imputa haber realizado algo erróneamente.
-Pero, sabe que las familias dicen que no tienen claro qué va a pasar con el dinero que han ido pagando para pagar los gastos de urbanización...
-No voy a hablar de algo del agente de urbanizador, porque las cuotas de urbanización se abonan al agente urbanizador. El Ayuntamiento no ha recibido ni un céntimo de esas cuotas. Otra cosa es que, dado el desfase que hay entre lo que han pagado y la ejecución de las obras y los gastos justificables, el Ayuntamiento trate de que el agente urbanizador garantice estas diferencias.
-Pero, ¿se pidió aval a la empresa como marca la ley?, porque el PP dice que no se hizo.
-Eso es incierto. Se han pedido, pero no todos los avales que el agente urbanizador puso sobre la mesa se han admitido. Estamos en ese trámite, pero existen las resoluciones del Ayuntamiento en las que se le solicitan para determinadas cuantías.
-Pero las familias deberían tener una garantía en el Ayuntamiento...
-El Ayuntamiento tiene ya parte de esas garantías, aunque no la totalidad, y eso es lo que pretendemos.
-¿Tienen las familias garantizado que no van a perder su dinero?
-Lógicamente el Ayuntamiento es subsidiario porque son unas actuaciones de gestión indirecta.
-¿Será viable seguir con la urbanización en El Tejar y en La Raya después de todo lo que ha pasado?
-Las soluciones a adoptar para garantizar lo que dice la Confederación no exigen grandes obras y no afectarán sustancialmente a las parcelas privadas resultantes.
-¿Cómo se va a hacer?
-Existe una alternativa que soluciona todos los problemas, pero ahora se están plasmando sobre plano todos los detalles de esta solución. Se recupera un cauce público y todas las vaguadas se conducen a este cauce público. Pero aquí no ha habido ningún atropello, ni nada, porque la zona dispone hasta de la evaluación ambiental, así que ¿dónde está el destrozo?
-Otro asunto urbanístico polémico en su municipio ha sido el de La Losilla, que también ha tenido resoluciones judiciales en contra...
-La Losilla también tuvo su evaluación ambiental y su declaración de impacto ambiental en algunos de los proyectos. Las alegaciones que se produjeron en ese sentido sólo vinieron de la Sociedad Española de Ornitología. Ese planeamiento podrá gustar más o menos, pero el Plan de Ordenación y el PAU que desarrolla el Plan de Ordenación ha seguido todos sus pasos. El Tribunal Superior ya desestimó un contencioso contra una aprobación inicial del Plan Parcial, y ahora lo que ha dicho el Juzgado de lo Contencioso es que en algún momento la Comisión de Urbanismo dice que tiene que haber un informe favorable de recursos hídricos. Nosotros siempre hemos dicho que esos recursos estaban ahí porque los ponía el agente urbanizador ya que de los 985.000 metros cúbicos, proponía 655.000 para La Losilla. La Confederación ya ha sacado a exposición pública esos derechos de agua y los inscribe en el catálogo público. Además, se queda con el 15% de esos derechos, con lo que hay una recuperación del acuífero en 100.000 metros cúbicos anuales. Alguien puede decir que no estaba ese informe específico, pero el Ayuntamiento no lo consideró oportuno porque al tener el Plan de Ordenación aprobado y concertado, también recogía los recursos que se necesitan. Los recursos estaban porque lo demuestra el cambio de uso que se está llevando a cabo. Puede ser que a ciertos sectores no les guste ese planeamiento, pero eso no supone que se tenga que trasladar a un plano de que estamos llevando a cabo un desastre urbanístico. No es así. No tenemos ni una recalificación de terrenos, todo lo hemos hecho con el Plan de Ordenación.
-¿Por qué lo califican entonces los ecologistas o Izquierda Unida de 'pelotazo urbanístico'?
-Ninguno de los dos presentó alegaciones en todo el proceso de evaluación ambiental.
-Pero, ¿es un pelotazo urbanístico como denuncian?
-Puede ser un desarrollo urbanístico en el momento en el que hay una burbuja que origina un interés desmedido, que no era la normalidad. Ahora, con la crisis, viene la normalidad y pone las cosas en su sitio porque La Losilla no se está desarrollando y no creo que se vaya a desarrollar mañana mismo. La propia situación está poniendo las cosas en su sitio, pero el Plan de Ordenación sí que recogía unas inquietudes y unas propuestas en un momento determinado.
-El proyecto ahora está paralizado por la falta de financiación para el promotor pero, ¿será viable una vez que pase la crisis?
-No sé cómo va a evolucionar esta situación, pero puede ser que, teniendo casi todo solucionado, luego se pueda desarrollar por fases, pero es algo que no puedo saber porque no sé cómo va a evolucionar la situación.
A propuesta de los promotores
-¿Por qué ha querido crecer tan rápido Chinchilla?
-El plan de ordenación era un desarrollo a quince años que no se tiene porque llevar a cabo íntegramente porque hay planes que se desarrollan a un 40%. Se desarrolla ante unas propuestas de agentes urbanizadores, de promotores o de agrupaciones que están interesados en su desarrollo, como marca la Ley regional. ¿Qué tiene que sufrir modificaciones? De hecho, hace poco ha tenido modificaciones [...].
-No obstante, el Ayuntamiento está más para atender las demandas de los ciudadanos que las de los promotores.
-La demanda que teníamos era de gente que quería venir aquí. En el AR-5, era gente de Chinchilla la que quería su segunda residencia y es una demanda que suponemos que seguirá cuando pasen los problemas. En La Losilla había muchos que buscaban su primera vivienda, otros que querían su segunda residencia por las instalaciones que ofrecía como el campo de golf, pero también ha habido mucha gente que ha tratado de especular, ha sido una cultura general. Ha habido un desarrollo urbanístico desmedido, pero lo hemos provocado entre todos. Lo ha provocado el promotor por querer enriquecerse, los promotores que han aparecido tratando de enriquecerse y que no habían tocado la construcción en su vida, y los particulares que compraban un piso para venderlo y sacarle unos millones antes de entregarlo.
-Para eso están las administraciones...
-Efectivamente, pero como las administraciones, sobre todo las locales que tienen mucha falta de recursos, se han visto beneficiadas, era difícil aislarse de ese fenómeno.
-Su antecesor en el cargo, Vicente Martínez Correoso, justificó su dimisión en problemas personales pero hay quien dice que mucho tienen que ver estas cuestiones urbanísticas...
-Creo que precisamente no han sido ninguno de estos dos problemas porque ahora están los dos en vías de solución. Él fue a la reunión de Madrid para solucionar el problema del AR-5, y se ha ido cuando ya se sabía que ya había una solución perfectamente asumible por el Ayuntamiento. Si fuera por esto, se habría ido cuando esto no estaba tan claro que esto tenía vías de solución. Se ha ido por razones personales y familiares, que pueden estar influenciadas por una serie de cuestiones.
