El expresidente hondureño Manuel Zelaya, durante su estancia en la embajada de Brasil. / Archivo
La anulación de los procesos por presunta corrupción del expresidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, allana el camino para un eventual regreso del exgobernante a su país y de éste a la Organización de Estados Americanos (OEA). Una Corte de Apelaciones fue la encargada de rechazar los dos procesos contra Zelaya, incoados por el Ministerio Público, que presentará un recurso de reposición ante el fallo, que se refiere a cuestiones "de forma y no de fondo", ha dicho el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado.
"Esta resolución puede ser un revés, pero nosotros interpondremos un recurso de reposición", ha anunciado Salgado, quien reafirmó que la posición de la Fiscalía siempre ha sido "clara y contundente" en el sentido de que Zelaya tiene que ser enjuiciado. Salgado ha aclarado que todavía "no hay un sobreseimiento definitivo" a favor del expresidente.
Según el fallo, se trata de "una nulidad procesal", basada en la "indefensión" de Zelaya desde "la etapa preparatoria", pues "se le imposibilitó al imputado acceder ante los organismos investigativos y jurisdiccionales a ejercer el derecho de defensa" porque "se encontraba fuera del país de manera involuntaria". Estas violaciones no se pueden subsanar con el nombramiento posterior de defensores públicos, ha añadido.
Zelaya fue derrocado y expulsado del país por los militares el 28 de junio de 2009, tras lo cual el Ministerio Público le incoó los procesos, y ahora reside en la República Dominicana. La resolución establece que sólo se anularon los procesos de Zelaya y quedan "subsistentes las diligencias concernientes a las causas promovidas contra los co-imputados", que son varios exfuncionarios de su administración.
"Amenazas de muerte"
El Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, y sectores de la comunidad internacional han insistido en la anulación de los procesos para que Zelaya pueda volver a Honduras y, a la vez, el país sea reincorporado a la OEA, que lo suspendió por no aceptar el regreso del exmandatario. Sin embargo, el 25 de marzo pasado, cuando el juez natural Oscar Chinchilla anuló las dos órdenes de captura derivadas de los procesos en su contra, Zelaya aseguró que no regresaba a Honduras porque había recibido "amenazas de muerte".
El Gobierno de Lobo recibió con complacencia el fallo porque es importante para que la Asamblea General de la OEA que se celebrará en junio próximo en El Salvador reincorpore a Honduras, declaró a la radio HRN de Tegucigalpa el canciller Mario Canahuati. Es satisfactorio que "hayan anulado estos dos casos, que como todos saben son importantes para poder encaminarnos al retorno por consenso a la OEA en la próxima Asamblea", expresó.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera, quien acompañó a Lobo, ha asegurado desde Roma a Radio América de Tegucigalpa que el fallo no obedeció a presiones políticas locales ni de la comunidad internacional. "En la CSJ en ningún momento se emiten fallos políticos, todo el tiempo obedecen a la aplicación de la ley", sostuvo Rivera, aunque reconoció que ha habido demandas de la comunidad internacional en favor de la anulación de los procesos de Zelaya.
La Fiscalía contra la Corrupción acusó a Zelaya y varios de sus exfuncionarios por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública. Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al contratar publicidad ilegalmente y desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el día en que fue derrocado con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
