Rubalcaba descarta que Venezuela sea el "nuevo santuario" de ETA
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha vuelto a rechazar el auto del juez español que vincula a su Gobierno con una supuesta alianza de ETA y las FARC y ha dicho que los presuntos etarras que llegaron a este país en 1989 no participan "en ninguna actividad terrorista".
"Para qué voy a responder eso, me parece tan estúpido eso que no hay ni que responder. Creo que ni los que lo señalan lo creen", ha manifestado Chávez al ser preguntado por la prensa sobre la acusación de nexos entre su Gobierno y la banda terrorista ETA al término de un encuentro con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.
El presidente venezolano ha apuntado que el caso abierto por el juez Eloy Velasco, en el que se señalan "indicios" de "cooperación gubernamental venezolana" con la supuesta alianza de ETA y las FARC es "una locura, porque no hay ni una sola prueba que sustente la acusación".
Chávez ha invitado a preguntarle al ex presidente del Gobierno español Felipe González "por qué hizo aquel convenio" con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez "a través del cual llegó un grupo de personas que pertenecieron a la ETA y que son ahora venezolanos y están casados y tienen hijos y hasta nietos".
"Estamos seguros que no están participando en ninguna actividad de terrorismo", ha dicho, en referencia a los once presuntos etarras que llegaron a Venezuela en 1989 en virtud de aquel acuerdo, tras el fracaso de las negociaciones de Argel entre el Gobierno español y la banda terrorista, agregando, no obstante, que si le "demostraran otra cosa, con pruebas irrefutables, la situación cambiaría".
Orden de detención contra los procesados
El juez Velasco procesó el pasado 1 de marzo a varios presuntos miembros de ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por colaborar presuntamente para atentar contra altos cargos colombianos en España.
Según indicaron ayer fuentes judiciales españolas, el magistrado ha cursado ordenes de detención internacional de los procesados, entre ellos Arturo Cubillas Fontan, uno de los once presuntos etarras que llegaron en 1989 a Venezuela. Cubillas, casado con una ciudadana venezolana de origen vasco que ha desempeñado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, ocupó en 2005 el cargo de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras, y tiene nacionalidad venezolana.
El 1 de marzo, el Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que rechazó la denuncia del juez sobre su supuesta vinculación con una alianza de ETA y las FARC, y calificó las consideraciones del magistrado de "señalamientos inaceptables", de "naturaleza y motivación política". "En el mencionado auto, se hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González", indicó entonces la Cancillería venezolana en su nota.
Campala de la derecha
Desde que se conoció el auto del juez Velasco hace quince días, Chávez y otros miembros de su Gobierno han denunciado en repetidas ocasiones una presunta campaña de la derecha española en su contra, de la que, en su opinión, forma parte la denuncia relacionada con ETA.
El presidente venezolano ha reiterado que no quiere dañar las relaciones con España, pero ha señalado que "no entiende" cómo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, puede poner en peligro la relación con Venezuela por defender al ex presidente español José María Aznar. "A eso le llaman la solidaridad automática, y eso sí es malo", ha resaltado ante de subrayar, como ya hizo la semana pasada, que si las relaciones se dañan "España tiene mucho más que perder".
Chávez ha vuelto a denunciar que Aznar "sabía" del golpe de Estado de 2002 contra él y ha dicho que Zapatero no debería molestarse cuando se califica al ex presidente de "mafioso", "porque lo es".
