El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-LA Mancha ha condenado a las empresas adjudicatarias en la Región del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales a devolver hasta 330 euros a cada uno de los 2.000 trabajadores del sector por haber sido obligados a cogerse las vacaciones en el mes de febrero.
La sentencia se produce tras la demanda presentada por CC.OO. contra Tragsa y ampliada después a las cooperativas Coserfo S.C.L. y Asfocon por incumplir lo acordado en el II Convenio Colectivo respecto a las vacaciones de la campaña de prevención y extinción de incendios de 2006. Dicho convenio establece que las vacaciones solo podrán disfrutarse durante el periodo de prevención y no de extinción, es decir, en los meses de mayo y de octubre a diciembre de 2006 y en los meses de enero y febrero de 2007, fecha en que terminó la campaña de incendios del año anterior.
El convenio también contempla la posibilidad de que el empleado cobre las vacaciones prorrateándose su importe mensualmente en la cantidad que corresponda a cada categoría profesional.Sin embargo, las adjudicatarias de este servicio, «de forma unilateral», abonaron a cada uno de los trabajadores la parte proporcional de las vacaciones. Posteriormente se descontó este abono de las nóminas de la mayoría de los trabajadores afectados y les obligaron a tomarse vacaciones en febrero de 2007. .
La responsable de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras en Albacete, Ana Albaladejo, acompañada del jurista del sindicato, Andrés Gómez Beteta, y el representante del Comité de Empresa de Tragsa, Manuel Amores, mostró ayer su satisfacción por esta sentencia.
Sentar las bases
Gómez Beteta manifestó que el fallo del TSJ deja claro que las vacaciones forestales deben ajustarse al convenio y pactarse con los trabajadores. El letrado de Comisiones Obreras insistió en que la empresa no puede fijar de forma «unilateral» el calendario de vacaciones de los trabajadores.
Pero éste no es el único frente que tiene abierto CC OO con Tragsa. Amores indicó en este sentido que en estos momentos hay un conflicto colectivo ya que los trabajadores que deben realizar desplazamientos obligados lo hacen haciendo uso de sus propios vehículos.
También indicó que desde CC OO entienden que se está vulnerando lo establecido en el convenio colectivo ya que Tragsa debería poner un vehículo a su disposición o pagar el kilometraje.
