Varios abogados que ejercen la acusación en nombre de víctimas del 11-M no vinculadas a las asociaciones personadas en la causa huyeron hoy de los rifirrafes dialécticos y de los enfrentamientos políticos que protagonizaron en las últimas sesiones los grandes colectivos de afectados por la masacre, se olvidaron de versiones oficiales y de teorías conspirativas y centraron sus informes en resaltar ante el tribunal los elementos de la causa que deben servir para poder condenar a los 28 procesados.
En lo que supuso un cierto retorno a la normalidad, esos abogados se limitaron a relatar ante los magistrados los hechos que consideran probados y los listados de indicios que permiten, en su opinión, imponer a los acusados las penas que han solicitado. La mayor parte de ellos se adhirió a la columna vertebral del escrito de acusación de la Fiscalía, defendieron la investigación de la Policía y el trabajo del juez instructor y coincidieron en que existen pruebas sobradas para certificar la vinculación de los acusados con los atentados y encarcelarlos durante muchos años.
Destacó el informe de Álvaro Sanz, un joven letrado que representa un matrimonio que perdió a su hijo en la matanza. A lo largo de hora y media realizó un relató técnico y exhaustivo con el que repasó múltiples declaraciones, pruebas científicas y elementos que comprometen a cada uno de los procesados.
Su trabajo fue reforzado por Gonzalo Boyé, uno de los acusadores más combativos del juicio, que representa a una viuda por los atentados y a su hija menor de edad. El letrado, en una intervención vibrante, se centró en aportar argumentos y jurisprudencia para invalidar las peticiones de nulidad de pruebas y actuaciones reclamadas por las defensas. También hizo un ameno y personalizado relato de imputaciones, en el que desgranó las pruebas contra cada acusado al tiempo que miraba a los ojos del islamista al que se dirigía.
El abogado, además, no desperdició la oportunidad de denunciar ante el tribunal la perversión del trabajo de la varias acusaciones particulares, las defensoras de la teoría de la conspiración, que, para favorecer intereses extrajudiciales, han hecho un papel de defensa en vez de acusación. Destacó que esa postura no es legal y pidió al tribunal que repruebe la actitud en su sentencia.
Dudas
En contra de lo que le pidieron los conspiradores, aseguró que la sentencia no puede ser abierta -para dejar franca la puerta a la posible participación de ETA-, sino que debe acotar al máximo posible los hechos delictivos y la participación de los procesados, por que "lo contrario es ilegal». «En este juicio todos hemos perdido algo, y algunos hasta la vergüenza», se lamentó.
Raro es el día en que, en turno de alegaciones de las acusaciones, no hay un letrado que tome la palabra para poner en duda la culpabilidad de los procesados. Hoy fue Juan Carlos Rodríguez Segura, abogado vinculado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que defendió, en nombre de dos víctimas particulares, las teorías sobre la matanza más desconcertantes oídas en la sala. Le llevó la contraria a Emilio Murcia, su propio colega en el gabinete jurídico de la AVT, que la semana pasada desvinculó a ETA de la matanza, y fue tan lejos en el desprestigio de la investigación judicial que su intervención le pareció excesiva incluso a notables defensores de la teoría de la conspiración.
Segura explicó al tribunal que, aunque no tiene pruebas para demostrarlo, «creemos que ETA está ahí (en los atentados), y punto». Por ese motivo, reclamó a los magistrados que en su sentencia dejen claro que es necesario investigar la participación de la banda terrorista vasca en la matanza, cosa que cree que el juez instructor y la Fiscalía no quisieron hacer.
Su valoración no puede ser más diferente a la de Murcia, quien aseguró que no hay prueba alguna de la participación de ETA y que no entiende por qué la justicia empleó tanto tiempo y esfuerzos para descartar la implicación inexistente de la banda terrorista.
Pero no se limitó a airear la autoría de ETA. El corazón de su informe se destinó a tratar de demostrar que las pruebas fundamentales para poder condenar a los islamistas que se sientan en el banquillo son «un montaje», que estaban «colocadas para despistar sobre los verdaderos autores». Aunque se justificó con la afirmación de que acusa a la mayor parte de los procesados, si su informe fuese el único de la acusación no habría evidencias de peso para condenar a los imputados. El letrado rechazó que Al Qaida esté detrás de los atentados, cree que la masacre fue una confluencia de organizaciones terroristas, en la que entre otros estuvieron etarras y «mercenarios».
