La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dejado a las claras en diversas ocasiones su compromiso para luchar contra la siniestralidad laboral. El acuerdo suscrito con los sindicatos mayoritarios para colaborar en esta materia es buena prueba de ello.
Un acuerdo con el que el fiscal jefe, José Martínez, ponía de manifiesto que no sólo actuaría en los casos de accidente laboral sino en aquellos en los que sin haberse llegado a producir el siniestro se pusiese en riesgo la vida de los trabajadores. El artículo 316 del Código Penal recoge el denominado «delito de riesgo».
En Albacete en lo que va de año se han incoado diligencias en dos casos por este motivo. Además desde enero se han tramitado cinco causas por un posible delito homicidio por accidente laboral y otras 31 por un presunto delito de lesiones. En total hasta el pasado 19 de abril en el apartado de siniestralidad laboral los juzgados albaceteños habían iniciado diligencias en un total de 38 casos.
Balance
El abogado de CC OO, Julián Pérez Charco, lleva buena parte de los casos de accidente laboral de los afiliados. De su experiencia del día a día extrae dos valiosas conclusiones. «En Albacete tanto la Fiscalía como la Inspección de Trabajo están muy especializadas y concienciadas con el tema. Hacen un trabajo muy bueno pese a lo que se pueda creer», explica.
La segunda reflexión es menos positiva. Los trámites son demasiado lentos. Hasta tres años pueden pasar, según cuenta, desde que se produce el accidente hasta que llega el juicio. Y, ¿qué sucede en ese tiempo? «Muchas familias que se encuentran en un estado económico precario acaban negociando el pago de las indemnizaciones, a cargo de la empresa o de la mutua, antes de ser citados a juicio»,cuenta el abogado. La consecuencia es que cuando éste llega, la sanción se reduce considerablemente ya que se considera un atenuante ese pago. No obstante, Pérez Charco señala que el problema se debe en última instancia a la saturación judicial.
En cuanto a la pena, se puede llegar a imponer una condena a entre 1 y 3 años de prisión. En lo que respecta a la cuantía económica, por analogía se suele aplicar cada vez más (aunque depende del juez) el baremo establecido para los accidentes de tráfico. A modo de ejemplo una viuda sin hijos podría cobrar en caso de muerte de su marido 99.222 euros.
