El Gobierno de Castilla-La aMancha sigue apostando por el mantenimiento y la ampliación de los incentivos económicos al alquiler de la vivienda.
Así el consejero de Urbanismo y Vivienda, Alejandro Gil, recordó que, para evitar la existencia de pisos «supuestamente vacíos», los inquilinos gozan en Castilla-La Mancha de una subvención de incluso el 40% del precio de alquiler y los arrendadores, por su parte, de hasta unos 6.000 euros para la suscripción de un seguro frente a daños o impagos.
Medidas que contrastan con las propuestas por el Gobierno Vasco que no son compartidas por Gil, según indicó. En este sentido el responsable regional no se mostró partidario de «establecer medidas punitivas para poner en el mercado casas supuestamente vacías», en referencia a la propuesta del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco de gravar con 270 euros al mes ese tipo de inmuebles.
Sin aclarar
«No queda claro que el imponer tasas o sanciones para atender esta cuestión vaya a generar más beneficios que problemas al ciudadano», aseguró, «máxime cuando la propia definición de casa vacía está por aclarar».
Y es que, en opinión de Gil, no siempre es fácil establecer esos límites. «Habría que preguntarse, por ejemplo, si una vivienda localizada en el medio rural está realmente desocupada cuando sus propietarios acuden a ella periódicamente para reunirse con su familia y reencontrarse con sus raíces», señaló en este sentido.
En cuanto a las acciones que lleva a cabo el Ejecutivo regional para fomentar el acceso a la vivienda, Gil apuntó que la legislación regional ofrece distintas medidas además de los incentivos económicos a arrendador e inquilinos.
Medidas tales como las subvenciones a la compra y a la rehabilitación de viviendas que se destinen al alquiler, siempre que éstas se arrienden a precios tasados y a familias con ingresos no superiores a 5,5 veces al salario mínimo interprofesional.
«El camino, a nuestro entender, es incentivar el alquiler y acabar con las reticencias de aquellos propietarios que, ante el miedo de acabar litigando en los tribunales, prefieren tener realmente desocupada una vivienda», concluyó el responsable del Ejecutivo autonómico.
