El primer ministro francés, Dominique de Villepin, declaró durante 17 horas ante los jueces instructores del caso Clearstream, en una comparecencia en la que le ha guiado su deseo de que «avance la verdad».
Así lo declaró Villepin a su salida, en torno a las tres de la madrugada, de la sección financiera del Tribunal de Gran Instancia de París tras declarar como testigo ante los dos magistrados que instruyen esta trama de falsas acusaciones de corrupción contra políticos y empresarios. En una breve declaración ante los medios que le esperaban a la puerta, Villepin se mostró sereno y expresó su satisfacción por poder aportar su testimonio en un caso en el que ha sido «víctima durante muchos meses de calumnias y de mentiras».
«A lo largo de esta audición maratoniana, puesto que ha durado 17 horas, me he esforzado por responder al conjunto de las preguntas de los jueces con la mayor precisión posible, preocupado porque avance la verdad», añadió. Villepin, que ayer por la mañana organizó un desayuno con los miembros de su Gobierno antes de las fiestas de Navidad, siempre ha negado toda implicación en este caso, y en particular toda tentativa de desestabilización del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, con el que mantiene una rivalidad que es bien conocida.
El nombre de Sarkozy figuraba en unos listados de pagos ilegales de comisiones de un contrato de armamento realizados a través de la sociedad luxemburguesa Clearstream, en los que también aparecían otros políticos y empresarios, y que fueron enviados a un magistrado de forma anónima. Luego se demostró que los listados eran falsos. El foco judicial se dirigió a Villepin a finales de abril pasado, cuando el diario Le Monde publicó extractos de la declaración del general Philippe Rondot, un experto en espionaje y ex consejero de la ministra de Defensa, Michele Alliot-Marie.
Según esa fuente, Rondot dijo que el primer ministro le pidió en enero pasado que efectuase una investigación confidencial sobre los famosos listados. Nunca antes, la Justicia francesa había citado a declarar a un primer ministro en una investigación judicial en curso por hechos referidos a su acción en tanto que miembro del Gobierno.
