Lunes, 30 de octubre de 2006
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OPINIÓN

XIM
¿Qué es la autonomía universitaria?
El uso y audición frecuente de ciertas frases tópicas termina por incorporarlas involuntariamente en nuestro devenir cotidiano como un aderezo, sin que solamos pararnos a pensar sobre su contenido y, más aún, cuestionarnos la significación real del mensaje que encierran. Por ejemplo, es habitual escuchar voces que pregonan ideas biensonantes encerradas en términos del tipo... Solidaridad interterritorial, Lealtad constitucional, Tolerancia cero o Firmeza democrática, como supuestos de obligado cumplimiento teórico, aunque sobre su concreción habría mucho que debatir. A este servidor le ocurre lo mismo con otro vocablo laberíntico, la altisonante Autonomía universitaria», concepto del que -después de bastantes años metido en el ajo- debería tener una percepción meridiana. Sin embargo, confieso avergonzado que su acepción sigue constituyendo un enigma indescifrable.

El enunciado de la nueva Ley de Universidades -pendiente de tramitación hasta que se resuelvan las elecciones catalanas, como no- persigue profundizar en el dogma de la autonomía universitaria, previamente consagrado como piedra angular de la cuestionada Ley de Reforma Universitaria de 1983. La autonomía ha sido motor y raíz principal del modelo de Universidad pública que actualmente disfrutamos (o padecemos). La síntesis de tal principio consistía en conferir amplios poderes a las universidades para seleccionar su plantilla orgánica de profesorado, definir su catálogo de titulaciones propias y establecer los correspondientes planes de estudio que mejor se adecuaran a su realidad socio-laboral. Todo con ello con la sana pretensión de fomentar la calidad y la libre competencia entre instituciones; y quizá con el propósito inconfesable del Ministerio de lavarse las manos («...que cada cuál se las componga como pueda»).

Creo que después de veinte años de aplicación, resulta posible trazar una radiografía fidedigna y extensible -con modestia y errores- al conjunto del sistema. Así, las universidades han entendido, generalmente, que sus mejores profesores procedían del entorno geográfico cercano o de las escuelas científicas fuertemente implantadas y consolidadas en su seno. Incluso, el sentido localista se ha agudizado en ciertos territorios con la exigencia sine quanom de dominar la lengua vernácula co-oficial. Hasta el punto de que un premio Nobel jamás tendría opción de integrarse en tan selecto club profesoral, al carecer de tales bondades. Igualmente, la política de adjudicación de nuevas plazas ha favorecido a los departamentos de mayor peso, ya fuera tradicional o adquirido, en la Universidad respectiva, generando asimetrías brutales entre centros y áreas dotadas con pocos alumnos y muchos profesores, o viceversa. Es decir, por un mismo sueldo, una carga muy desigual de trabajo docente, que dificulta la investigación y la adquisición de excelencia, base de la idolatrada competitividad.

La ejecución de tan venturosa política de autonomía universitaria se realiza en los órganos de gobierno, presididos por la apariencia falaz de acuerdos inmaculadamente democráticos tomados por teóricas mayorías representativas, pero donde la fuerza y presión de los grupos dominantes encauza las resoluciones arriba apuntadas. A modo de inciso, entiendo -quizá erróneamente- que la verdadera autonomía requiere dirigentes externos, no vinculados a la institución, sin condicionamientos y con plena libertad de acción. Otro sí digo, el supuesto axioma de mérito y capacidad no siempre se cumple en las promociones de profesorado; así el anuncio de la nueva LOU provocó una estampida de convocatorias excepcionales y extemporáneas, donde muchos docentes listos y bien colocados, sacaron buena tajada. Nada que objetar, excepto la paradoja sangrante de ver como ciertos profesores veteranos de gran prestigio -no es mi caso- siguen como titulares perennes, mientras que algunos de sus alumnos ya han alcanzado la púrpura de la cátedra por la vía del artículo 23 (¿?).

Como casi siempre, el cuello de botella para la autonomía universitaria proviene de los magros y escasos dineros, capítulo donde nuestros pintorescos gobiernos autonómicos al asumir las competencias educativas, también gestionan los presupuestos y su distribución. Ha sido norma común que, atendiendo a criterios de conveniencia electoral inmediata y sin una planificación razonable, hayamos asistido a una proliferación desmedida de nuevas universidades. Algunos clamores contra tal actuación -entre ellos el mío- tan demagógica como irresponsable, cayeron en saco roto. Mira por donde, ahora se leen críticas furibundas contra las consecuencias previsibles de tamaño desvarío: caída de la natalidad, abandonos prematuros de carrera, titulaciones donde han entrado menos de cinco alumnos, proliferación exagerada (un mismo título se oferta varias veces en un radio de cien kilómetros), derroche y a la vez falta de medios docentes, laboratorios, carencia de salidas profesionales, etc.

En este contexto, echo en falta la esencia de la verdadera autonomía universitaria: la intelectual y heterodoxa, que rompe moldes y abre nuevos horizontes a la investigación y el conocimiento; la que es punta de lanza de nuevas aspiraciones y movimientos sociales. Una autonomía librepensadora que suprime el vasallaje de clanes y se funda en la discrepancia lógica, en la discusión clarificadora de ideas. Nada que ver con la minusvaloración de la enseñanza formativa, ni con el adocenamiento doctrinario que padecemos. Una autonomía cimentada en las hipótesis atrevidas y las teorías novedosas que han revolucionado la ciencia; completamente ajena al corsé que nos imponen los curricula repetitivos, artificialmente engordados para cumplir con las tablas cuadriculadas de objetivos que garantizan estipendios y proyectos.... ¿Quién dijo aquello de «Difíciles tiempos los nuestros en que hay que explicar lo evidente»?



 
Vocento