José María Barreda inauguró el jueves 6 de julio la Residencia de Mayores Don Quijote en Tomelloso, de titularidad de la Junta de Comunidades, pero cuya construcción y gestión privada durante 40 años estará a cargo de Planiger Millenium, S.A.

Con el nuevo siglo, el Gobierno Regional pasó de la mera concertación de plazas, que continúa, a la concesión administrativa de la construcción y gestión integral de residencias de mayores con empresas privadas durante 40 años, como si de autopistas se tratase.

El empresario obtiene alrededor de un millón de euros de beneficio anual, a cuenta de la precariedad de su personal y del bolsillo ciudadano. Sólo hay que comparar los ingresos públicos licitados por plaza/día, con el convenio colectivo de aplicación más el 40% de gastos generales que la propia patronal del sector reconoce. El Gobierno Regional no puede alardear más de colosal aumento de la inversión en dependencia, sino de derroche.

La concertación de plazas y la privatización de la gestión de centros públicos eluden los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en la selección de su personal, generan incumplimientos del convenio colectivo, de plantillas mínimas, casos de acoso laboral fácilmente reducibles mediante la gestión pública directa. A su vez, el personal inspector de la Consejería de Bienestar Social es claramente insuficiente para el control de los centros concertados, y en alguna provincia incluso para el de los centros públicos.

De la residencia de Tomelloso el Gobierno Regional debe explicar, por qué misterioso procedimiento (no publicado) la adjudicación pasa de una unión temporal de empresas a Planiger Millenium, S.A., empresa participada en un 35% por Metrovacesa, primera inmobiliaria del país. Por qué sólo hay una coordinadora de enfermería cuando, según su propia normativa, son necesarios tres ATS-DUE. Quién hará la limpieza, la lavandería, el servicio de cocina u otros servicios varios del centro, aspectos que no se mencionan en su nota de prensa.

Quizá sea su intención que las auxiliares de clínica lleven a cabo algunas o todas estas funciones además del cuidado de las personas, tal como ya sufren trabajadoras de otros centros que funcionan bajo el mismo régimen (por ejemplo en Daimiel).

Recientemente, Bienestar Social ha culminado este código de malas prácticas, contratando personal privado (médicos y trabajadores sociales) en algunas provincias, para la determinación del grado de discapacidad en los centros base de Bienestar Social. ¿Es así cómo se otorgará el grado de dependencia que establece la futura Ley de Dependencia? ¿A quiénes beneficia esto?

Ángel Aguas Nuevo