El pleno de las Cortes aprobó ayer con los votos del PSOE y la abstención del PP una resolución en la que insta a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha a garantizar el mantenimiento de los viñedos en las zonas donde está implantado, así como a la adopción de medidas que mejoren la renta de los agricultores.

En la resolución aprobada tras un debate general sobre la reforma de la OCM del Vino también se demanda una mejora del presupuesto para el sector debido a la ampliación de la Unión Europea y el fomento y desarrollo de iniciativas de comercialización.

El PSOE rechazó una iniciativa del Grupo Popular, en la que pedía al Gobierno regional que la OCM del Vino sea para Castilla-La Mancha como la del Aceite para Andalucía y que la negociación se enfoque como una «cuestión de Estado».

Presupuesto

Asimismo, proponía negociar una ampliación del presupuesto hasta llegar a los 1.600 millones de euros y que la futura reforma de la OCM del Vino asegure para España el 37,3% de los fondos que se consigan como logró Loyola de Palacio, que era ministra de Agricultura, en la anterior OCM.

La resolución del PP también reclamaba que en la negociación de la nueva OCM la renta de los productores sea el principal objetivo y que se establezcan sistemas de ayudas a la hectárea.

Durante el debate, el portavoz socialista en la comisión, Antonio Salinas, rebatió al PP indicando que es pronto para fijar cuestiones tan concretas, puesto que ni siquiera existe una propuesta concreta de la Comisión Europea.

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, indicó que, si se aplica la ayuda por hectárea, la Región obtendría 240 millones de euros, mientras que si se tienen en cuenta los derechos históricos adquiridos esa cifra aumentaría a 271 millones.

Gómez subrayó en su intervención que el objetivo del Gobierno regional es luchar contra la desertización mediante el mantenimiento de la superficie cultivada y combatir la despoblación a través de la mejora de la renta de los agricultores.

En su análisis de la viticultura castellano-manchega y de la actual OCM, Gómez manifestó que los principales problemas del sector son el bajo precio de la uva y la comercialización del producto y recordó que ha sido el propio sector el que ha impulsado la reforma, que previsiblemente se aplicará a partir de 2008.