La aplicación del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de marzo de este año, influirá «ligeramente» en el precio de la vivienda. Así lo explicó a este diario la abogada urbanista y secretaria de la Asociación de Promotores y Constructores de Albacete (Apeca), Rosa González de la Aleja, que aclaró que este incremento dependerá de la calidad de los materiales con que se construya y que estará motivado por la incorporación de las nuevas exigencias de la normativa, «aunque nunca será superior al 2%, tal y como ha admitido ya la Confederación Nacional y las Asociaciones de Promotores y Constructores de España».

González de la Aleja recordó que con la aplicación del Código Técnico de la Edificación se trata de adaptar el marco normativo español al comunitario.

¿A qué edificios afectará esta nueva normativa? Afectará a todos aquellos de nueva construcción (a aquellos que empiecen desde cero, y no a aquellos que ya tienen los proyectos redactados) y a aquellos que acometan una rehabilitación integral. Por ello consideró que no habrá un parón en el desarrollo de los sectores urbanísticos de Albacete.

¿Cuándo entra en vigor la nueva normativa? Para adaptarse a las nuevas normativas, las empresas tienen doce meses, salvo en el caso de la protección contra incendios y la utilización de energías renovables para el ahorro energético.

La secretaria de Apeca explicó que esta organización se ha mostrado siempre a favor de la aplicación de esta normativa, «porque permite tener edificios más sostenibles y contribuir a proteger el medio ambiente».

Pero la aplicación de nuevas normativas tiene un poco desorientado al sector, sobre todo por la implantación por parte del Ayuntamiento de una ordenanza de la energía. Por ello, aunque se muestra favorable a la regulación del sector por parte del consistorio, han presentado alegaciones a la ordenanza para aclarar cómo se conjugará su aplicación con la del Código Técnico de la Edificación. Otro aspecto en el que se han presentado alegaciones es en la tramitación administrativa que haya que realizar ante el Ayuntamiento, «con el fin de no dilatarlo en el tiempo y que no suponga una paralización en los plazos de ejecución de las obras».