El Ministerio del Interior ha encargado a las fuerzas de seguridad del Estado que investiguen si ETA puede haber vulnerado el alto el fuego permanente que inició el pasado 24 de marzo con el envío en los últimos días a empresarios navarros de cartas en las que les exige dinero. El Gobierno quiere actuar con mucha cautela antes de entrar a valorar si la banda terrorista está violando o no las condiciones para iniciar un final dialogado de la violencia, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo tratará de determinar e si las misivas que han recibido varios industriales de la comunidad foral son realmente obra de ETA, para descartar cualquier tipo de fraude o timo, que en el pasado ya se produjo aunque de forma esporádica. En el caso de que el Ministerio del Interior verifique la autenticidad, las fuerzas de seguridad tratarán de establecer si los documentos de extorsión se enviaron antes o después del inicio del cese de actividades de la banda terrorista, anunciado el 22 de marzo y en vigor desde hace tres semanas.

La voz de alarma la dio ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, que explicó en las páginas del Diario de Navarra que al menos media docena de industriales de la región han recibido en los últimos días cartas firmadas por ETA en las que les exige dinero. Las misivas están fechadas en marzo, pero no hay especificación alguna sobre el día en que se redactaron y enviaron.

Ayesa indicó que las cartas son de dos tipos. Unas, las más abundantes, no exigen directamente el impuesto revolucionario sino que «invitan» al empresario a «colaborar en el proceso de paz a través de una contribución económica». Las segundas son de modelo clásico: la banda terrorista exige con «tono amenazante» la entrega de una cantidad de dinero. El presidente de los empresarios navarros comentó que es posible que alguna de las cartas de redacción «amable» también le haya llegado a industriales del País Vasco, pero tanto los portavoces de la patronal vasca (Confebask) como del Círculo de Empresarios Vascos aseguraron este jueves que no tienen noticia alguna tal sentido.

Informes al presidente

El resultado de la investigación policial se incluirá en el segundo informe que el Ministerio del Interior enviará a José Luis Rodríguez Zapatero desde el inicio del alto el fuego. Estos informes, elaborados con datos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, tratan de verificar si el cese de actividades de ETA es total o no y ponen un acento especial en la existencia o no de episodios de kale borroka (violencia callejera) o impuesto revolucionario en el País Vasco, en Navarra o en el sur de Francia.

El primer análisis, elaborado tras las primeras dos semanas de tregua, informó el 5 de abril a Rodríguez Zapatero de que las fuerzas de seguridad habían constatado no sólo una ausencia de atentados o de movimientos significativos de los terroristas sino «una total inactividad de ETA». El Gobierno ya comunicó a los delegados de la banda terrorista, durante sus contactos previos al alto el fuego, que no consideraría que la organización criminal había cesado en sus actividades si durante la tregua, como ya ocurrió en 1998, se producían episodios de extorsión a empresarios o acciones de violencia callejera.

De igual manera, Rodríguez Zapatero explicó tras el comunicado de ETA del 22 de marzo que no acudiría al Congreso de los Diputados a pedir la autorización para abrir un diálogo con la banda, para lograr el fin del terrorismo, hasta que pudiese certificar sin lugar a dudas el total cese de actividades de la organización criminal. Dijo que, para asegurarse, se tomaría el tiempo que fuese preciso y que, entre tanto, no se produciría contacto alguno con ETA ni se iniciaría el proceso de paz.