Las negociaciones de la reforma laboral entre Gobierno, patronales y sindicatos comenzaron hace más de un año. Los tres interlocutores consideran inexplicable después de tanto tiempo presentar a la opinión pública un desacuerdo, que deteriore la imagen dialogante y mediadora del Ejecutivo y reste valor al papel que CEOE, ante los empresarios, y CCOO y UGT, ante los trabajadores, desempeñan.

En consecuencia, ultiman un pacto, de contenido todavía incierto, que desean suscribir antes del 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo, y que podría completarse con la apertura de otra negociación posterior encaminada a reformar las relaciones laborales en las empresas, en los sectores y en los territorios.

Algunas medidas contempladas para modificar el mercado de trabajo, como el contrato de relevo, están vinculadas a cambios en el sistema público de pensiones (jubilación parcial), cuya negociación comenzó en noviembre de 2005. Por ello, los tres interlocutores consideran conveniente cerrar también, antes del Primero de Mayo, esta mesa de debate.

El objetivo prioritario de la reforma laboral era bajar la temporalidad que afecta a más de tres trabajadores de cada 10 ocupados, dos millones en total. España cuenta con la mayor tasa de empleo inestable de la Unión Europea. Las tres partes se comprometieron a llevar a cabo esa reducción en la presente legislatura, siempre que no frenara la firma de contratos ni restara competitividad a las empresas.

Después de estas premisas llenas de buenas intenciones, enseguida surgieron los intereses de cada negociador. CEOE aprovechó la ocasión para reclamar flexibilizar el despido y abaratar sus indemnizaciones, mientras que el Gobierno presentó una propuesta que no satisfizo a nadie. Para Comisiones Obreras y UGT era inasumible porque «recortaba los derechos de los trabajadores» y para CEOE, demasiado suave.

Final y futuro

Después de los primeros meses de conversaciones y pasado el típico periodo en el que los implicados se limitan a cruzar críticas y descalificaciones, ha llegado abril que por consenso marcará el final del diálogo. El Gobierno quiere el acuerdo, más cuando en 1997, el Ejecutivo de entonces, del PP, fue capaz de respaldar una reforma suscrita entre la patronal y las centrales que todavía hoy se considera ejemplar. CEOE, CCOO y UGT también necesitan rentabilizar la negociación y demostrar a sus representados que su papel institucional tiene sentido para la defensa de sus intereses.

Así las cosas, sobre las mesas de debate está la generalización del contrato de fomento, que conlleva un despido más barato que el ordinario indefinido; mejorar los incentivos al empleo estable; regular las relaciones laborales en las empresas que se dedican a desarrollar actividades y servicios encargados por otras (contratas y subcontratas); rebajar las cotizaciones empresariales del desempleo; o reestructurar las aportaciones y prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.

Igualmente los tres interlocutores tratan de ajustar la jubilación anticipada para que no sea gravosa para la Seguridad Social; conseguir que el periodo de 15 años, necesario para acceder a una pensión contributiva, sea real (no contabilice las pagas extraordinarias); proseguir con la subida elevada de las pensiones mínimas, etc.