Las diversas medidas a favor de la inserción de los jóvenes con dificultades para entrar en el mercado laboral que reemplazarán el controvertido Contrato de Primer Empleo (CPE) costarán unos 150 millones de euros este año y el doble en 2007. Así lo indicaron parlamentarios del partido conservador gobernante, UMP, al presentar la proposición de ley que significa la muerte de la polémica medida y que fue ayer introducida en el Parlamento, con vistas a su rápido examen.

De hecho, el líder del grupo de la UMP en la Cámara de los Diputados, Bernard Accoyer, abogó por que la proposición de ley que reemplaza el CPE sea examinada por el Parlamento «en los muy próximos días, y, por qué no, desde mañana (por hoy)».

El nuevo mecanismo se compone de cuatro medidas que amplían y refuerzan dispositivos existentes, como el contrato para jóvenes en la empresa, el de profesionalización o el de inserción en la vida social, y prolongan el acompañamiento de los contratados. Pero, contrariamente al CPE, que no habría supuestos costes adicionales a las arcas públicas, las medidas decididas prevén aumentar las primas a los empleadores que contraten a los jóvenes en virtud de esos dispositivos.

La factura será de unos 150 millones de euros este año, ya que el nuevo mecanismo se aplicará en el segundo semestre, y el doble en 2007, indicó uno de los parlamentarios, Laurent Hénard, que participó la semana pasada en la ronda de contactos con los agentes sociales para hallar una salida a la crisis social y política. El diputado recalcó que el dispositivo es «rápidamente operativo», ya que se basa «esencialmente» en medidas ya existentes, que «ampliamos» y a las que «reforzamos el apoyo» estatal, por lo que el carácter «operacional» del plan es «evidente e inmediato».

Por su parte, su colega en el Senado, Josselin de Rohan, habló de dos etapas: esta proposición de ley, por una parte, y, por otra, «la apertura de un debate» sobre el empleo de los jóvenes.