Estamos viviendo unas semanas de hondo calado social y, me permito, plantear algunas reflexiones relativas a la educación, tema candente donde los haya, en el panorama sociopolítico actual.

Es nuestra Constitución la que establece, como no podría ser de otra manera, que es derecho de los padres la libertad de elección de centro escolar para sus hijos, pudiendo ser promotores, si así lo desearan, de centros educativos. Y, añado yo, es su obligación hacerlo.

Sin embargo, en una interpretación perversa de los derechos, en aras de un igualitarismo mal entendido, el Estado se arroga la prestación de este servicio, en el que pretende prácticamente la exclusividad, justificándolo como el esfuerzo realizado para garantizar el derecho a recibir enseñanza que tienen los niños. Esta intromisión, y su afán universalizador y homologador, hacen que no sea posible la libre elección de centro escolar por los padres, verdaderos y únicos responsables de la educación de sus hijos.

En consecuencia, con el fin de plantear alternativas que eliminen la intervención directa del Estado como actor en el sistema educativo, a la luz de diversas experiencias ya realizadas, considero que debía introducirse en este debate la posibilidad de adoptar el llamado "cheque escolar" que permitiría a todas las familias, independientemente de sus recursos, seleccionar el centro educativo y el ideario más acorde, entre la oferta existente, con sus convicciones.

Así, sin que suponga un incremento de los costos del Estado quedaría garantizado el derecho de elección de los padres por un lado, la igualdad de oportunidades por otro y, por último, eliminaría el posible adoctrinamiento al que una enseñanza estatalizada se arriesga.