El Ayuntamiento en funciones de Marbella, con su alcalde accidental a la cabeza, el ex futbolista Tomás Reñones, pidió ayer perdón a sus vecinos y ayuda a todas los partidos con representación en el consistorio para no dejar sin gobierno al municipio después de que la operación Malaya de la Policía haya acabado con la detención de buena parte del consistorio, acusado de corrupción urbanística y tráfico de influencias. Mientras, el juez continuó la segunda maratoniana jornada de interrogatorios y mandó a la cárcel al concejal de Tráfico, con el que ascienden a cuatro los arrestados en prisión preventiva, entre ellos la alcaldesa.

El grupo de ediles supervivientes a la macrorredada y que actualmente conforman el equipo de gobierno en funciones del Ayuntamiento de Marbella decidieron poner a disposición de los «organismos superiores» sus cargos como concejales «para que en su momento se pronuncien en los términos que sean convenientes».

Reñones, que insistió en reclamar el perdón de la ciudadanía, leyó un comunicado en el que lo concejales dijeron estar abiertos a la participación de otros partidos. El ex capitán del Atlético de Madrid aseguró que «el cuerpo me pide dimitir pero para que no haya vacío de poder, vamos a estar aquí por responsabilidad y para que el ayuntamiento siga su curso hasta que el estamento que corresponda decida qué hacer con nosotros».

Mientras tanto, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ordenó ayer la prisión incondicional para Victoriano Rodríguez, el concejal de Tráfico, Transportes y Vía Pública del consistorio marbellí. Sólo horas antes, el instructor había encarcelado a la alcaldesa del municipio, Marisol Yagüe, acusada de cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de la cosas.

La denominada operación Malaya, además de Rodríguez y Yagüe, ya ha llevado a la cárcel al presunto cerebro de la trama corrupta y asesor urbanístico del consistorio, Juan Antonio Roca, y al empresario Ismael Pérez, propietario de dos compañías leasing de vehículos que dan servicio al ayuntamiento y gestor de la empresas de grúas del municipio. En libertad han quedado el secretario municipal del consistorio, Leopoldo Barrantes, aunque acusado de prevaricación y tráfico de influencias, y el también empresario Julio de Marco, el director gerente de la compañía de transportes Portillo.