El descrédito creciente de la administración local de Marbella tocó ayer fondo con la detención de su alcaldesa, el responsable municipal del Urbanismo -en el cargo desde su fichaje en la época de Jesús Gil- concejales, abogados, empresarios y algunos funcionarios bajo delitos aún presuntos pero muy graves. La huida hacia adelante iniciada por el fallecido Jesús Gil desde su conquista en las urnas de la alcaldía de la ciudad de la Costa del Sol no se ha detenido a pesar de los cambios operados en el Consistorio. Los tres alcaldes que ostentaron la alcaldía bajo las siglas que creó Gil en los noventa imitaron su estilo y con seguridad las prácticas que les situaban con frecuencia al margen de la legalidad urbanística. Este escándalo de dimensiones aún por verificar suponen un perjuicio incalculable para una de las localidades mas emblemáticas del turismo español y un espacio de notable nivel de bienestar de un litoral convertido en la segunda residencia de Europa. Ese descrédito tendrá consecuencias, por tanto, más allá de nuestras fronteras. La marca internacional de Marbella se ha devaluado precipitadamente como síntesis de la gestión urbanística caótica en el litoral mediterráneo, donde la descapitalización pública de suelo castigando severamente la sostenibilidad medioambiental y la calidad del territorio ha coincidido con numerosos casos de corrupción y una gestión al filo de la ley. En el informe de 2006 de Transparency International, el capítulo de España se centra en la corrupción local vinculada a la gestión urbanística y se detiene en el caso ya paradigmático de Marbella. La operación policial de ayer pone de relieve que la degradación del sistema no sólo salpica a los protagonistas políticos sino que contamina todo el sistema económico-político al socaire de la impunidad, la complejidad de tramas extraterritoriales y la falta de disciplina en la administración local. Esto exige en primera instancia para frenar la deriva actual una evaluación rigurosa de los controles actuales sobre ésta. Recientemente la Junta de Andalucía se ha visto obligada a tomar la decisión de retirar las competencias urbanísticas a la localidad, (en principio durante el máximo plazo legal de cinco años al cifrarse el número de viviendas ilegales en treinta mil), y ahora las asfixiantes dificultades financieras del municipio apenas cuentan con margen para albergar expectativas mejores bajo la amenaza actual del desgobierno.

Aunque algunos grupos han demandado la disolución de la corporación, sobre todo IU y el PP, ésta parece una solución tardía a un año vista de los comicios locales por tratarse de un proceso lento y en este caso, por añadidura, expuesto a un mapa político muy atomizado, con varios grupos mixtos y una exigua representación del PSOE y del PP. No obstante, es preciso, antes de inclinarse por una u otra solución provisional conocer el resultado de las actuaciones judiciales en curso y su saldo político. De momento, el presidente de la Junta de Andalucía ha apelado al Estado de Derecho, y en efecto así debe ser: la Justicia tiene que hacer su trabajo y las administraciones asegurar que esa localidad no naufrague durante este año incierto antes del nuevo veredicto en las urnas, cuando los ciudadanos asuman la responsabilidad de corregir un rumbo a la deriva.