Las exacciones de Esquerra República de Catalunya a sus militantes y simpatizantes que ocupan puestos de responsabilidad y confianza en la Generalitat han causado escándalo, sobre todo porque al parecer se han reclamado también a funcionarios de menor nivel y porque se ha vinculado el pago del impuesto a la permanencia en el cargo.

Evidentemente, ERC ha cometido un serio desliz, pero no deja de ser chocante que las principales críticas provengan de CiU, la formación que más donaciones anónimas privadas recibe junto al PP, y del PSC-PSOE que tiene en su haber el caso Filesa, que llegó a los tribunales y llevó a prisión a varios implicados.

Con toda evidencia, la financiación de los partidos políticos es un asunto no resuelto en España, y resulta difícilmente inteligible que las grandes formaciones no se apresuren a solucionarla de una vez para siempre, aunque sea a costa de recabar más dinero público para subsistir. Porque la actual ambigüedad, con las consiguientes sospechas, contamina la política y fuerza su espuria relación con el mundo marginal de los facinerosos.