Como estaba previsto, se celebró en diversas localidades españolas el macrobotellón convocado mediante Internet y mensajes sms en más de veinte localidades, en todos los casos con el objetivo de batir el récord establecido en Sevilla en unas 5.000 personas. Algunas de estas concentraciones no contravenían norma alguna y otras sí dado que no en todas las CCAA se han promulgado leyes de proscripción de tales expansiones; el saldo es, en fin, desigual, entre la represión y la tolerancia. En Madrid, la prohibición y el mal tiempo frustraron la concentración. En Barcelona y Valladolid hubo incidentes y detenciones; en Granada, el propio ayuntamiento auspició el festejo, que logró una concurrencia inusitada. De cualquier modo, el asunto no es banal en absoluto: resulta sencillamente inadmisible que en determinados ámbitos se mantenga una actitud condescendiente o comprensiva con unas expansiones que, en los sitios donde rige la prohibición, son evidentemente ilegales.

La ministra de Sanidad, en declaraciones previas, ponía de manifiesto que lo más grave a su juicio era que tales algaradas podían inducir a adolescentes a consumir alcohol, lo que perjudicaría gravemente su salud. Éste no es ni mucho menos el meollo de la cuestión, que va evidentemente por otro camino. Y así lo entendió el ministro del interior, José Antonio Alonso, quien el mismo viernes declaraba que «tenemos un esquema normativo y social que hay que respetar porque la convivencia exige el respeto a las normas», no sin recordar además que la policía tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley «donde pueda ser transgredida, eso está fuera de discusión». Finalmente, las fuerzas de seguridad se aplicaron con distinta intensidad y el problema no llegó a mayores. Pero lo ocurrido se presta a una reflexión sobre el papel y el lugar de los jóvenes en nuestra sociedad.

En definitiva, lo que las instituciones deben dejar sentado para futuras ocasiones es que éste es un Estado de Derecho en que la ley se elabora democráticamente y se promulga solemnemente para que sea cumplida y en el que el contraventor de la norma tendrá que atenerse a las consecuencias. El hecho de que los convocantes y asistentes sean jóvenes no mitiga la responsabilidad de la violación de la norma; antes debería ser al contrario: tal circunstancia obliga al poder legítimo a reaccionar en este caso con tanta dureza como sentido pedagógico.

El artículo 19 del vigente Código Penal, aprobado en 1995, fija la mayoría de edad penal en los dieciocho años -que también es la mayoría de edad civil, según la constitución- y exige la regulación de la responsabilidad penal de los menores de esa edad en una ley independiente, cuya ultima versión fue promulgada en el 2000 y que ha suscitado gran controversia por su lenidad, hasta el extremo de que ha sido preciso someterla a revisión. Es lógico que, para que tengan todo su sentido los conceptos de rehabilitación y de reinserción asimismo incluidos en la Constitución, prime en el tratamiento judicial de los delincuentes menores la idea terapéutica, de devolverlos a la sociedad una vez resocializados, sobre la de sancionarlos. Pero todo tiene sus límites: ser joven no debe lesionar más allá de lo razonable el principio de igualdad, ni convertirse en un acicate para delinquir si se toma conciencia de la suavidad de los castigos a los que se expone el menor. Juan A. Herrero Brasas, profesor de Ética y Política Pública en la Universidad del Estado de California, se sorprendía el viernes en un artículo publicado en la prensa madrileña de «la puesta en libertad de un joven que asesinó a su familia completa con una katana. Un crimen horrendo que en Estados Unidos conllevaría sin ninguna duda la pena de muerte (o de cadena perpetua sin posibilidad de redención en los estados en que no existe la pena capital), en España se resuelve con seis años de reclusión o semirreclusión». Y el mismo autor criticaba con toda la razón que su liberación fuese «acompañada de glamourosos reportajes en que parecía poco menos que era él quien había sido víctima de una injusticia ».

Mitterrand, quien como la mayoría de los grandes estadistas fue más un intelectual que un político, criticó con dureza la efebocracia de su época, la tendencia a mitificar la juventud, a convertirla en canon de todas las cosas, a resucitar la parábola romántica del buen salvaje, y sería muy saludable que ahondáramos en esta dirección. El principio de igualdad, que ha de ser preservado a toda costa porque está en el fundamento de la racionalidad democrática, no puede ceder a las inequidades en razón de edad cuando los jóvenes adquieren inequívocamente uso de razón. Ni los viejos han de ser postergados y ni los jóvenes primados en razón de serlo. Y puesto que sí nos corresponde a los adultos socializar a las generaciones emergentes, no estará de más que en casos como el del botellón se les trate con ejemplaridad. Porque una cosa es el derecho a discrepar de determinada ley, que incluye tanto la crítica como la manifestación cívica y colectiva de protesta, y otra muy distinta el burlar la ley en una consciente provocación. Esto es intolerable y, por supuesto, no debe ser tolerado: recordarlo es parte de la pedagogía democrática.