La Verdad Digital
Domingo, 19 de marzo de 2006
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OPINIÓN
EDITORIAL
Redes mafiosas
La operación policial que se ha saldado con la detención de 283 ciudadanos rumanos en España y otros 14 en su país de origen destaca por su alcance en el alto número de delincuentes arrestados y marca un hito en el ámbito de la Unión Europea que evidencia un alto grado de colaboración entre las autoridades de Interior españolas y rumanas. La cooperación policial transeuropea en la lucha contra el crimen organizado se ha demostrado indispensable si se quieren obtener resultados a la hora de desactivar redes de malhechores, algunos ya condenados en sus países de origen, pero que se camuflan en las comunidades de compatriotas que se ganan la vida honradamente en otros estados de la UE.

La masiva redada, que no ha podido ser culminada con la detención de los principales cabecillas, confirma una vez más la proliferación de bandas del crimen organizado en nuestro territorio y aunque justo es reconocer que España es de los países europeos donde se desarticulan más organizaciones de esa estructura, no se puede bajar la guardia a la vista de la capacidad operativa que pueden alcanzar, una vez constatado que los 297 ahora detenidos pertenecían a diferentes bandas conectadas entre si en una estructura mafiosa superior.

Son esa clase de redes las que casi monopolizan una actividad criminal que, según los últimos balances de Interior que no recogen cifras de Cataluña y País Vasco, descendió el último año en número de delitos (un 1,6%) y en cantidad de homicidios y asesinatos (10%). Sin embargo, la delincuencia en general tuvo un incremento del 2,5% debido a la intensificación del número de faltas y a la invariabilidad en los sucesos que generan más alarma social, los robos con fuerza e intimidación. Estos últimos, de hecho, formaban parte de las especialidades de la banda ahora desarticulada, junto a los asaltos a viviendas y delitos contra el patrimonio por medios informáticos.

De confirmarse los indicios y pruebas que han hecho actuar a la Policía, desembocando ello en una instrucción judicial suficiente para condenar a casi tres centenares de individuos, debería reflejarse en próximas estadísticas de criminalidad y desde el plano procesal confirmarse que la espectacularidad de las redadas corresponde también a una rigurosa acumulación de pruebas que posibilite a la justicia descargar todo el peso de la ley sobre los miembros de esas bandas neutralizando las argucias defensivas que con toda seguridad abogados a su servicio pondrán en marcha inmediatamente.



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