Rodríguez Zapatero quiso alardear -¿recuerdan?- de que España sería el primer país que ratificase en referéndum la Constitución Europea. El nuevo jefe del Ejecutivo pretendía así dar pruebas fehacientes de europeidad, de adhesión al proyecto europeo, de afinidad con los grandes principios sobre los que descansa la construcción continental. El referéndum se celebró y el sí obtuvo un resultado digamos que discreto. En aquel momento, algunos analistas se lamentaron de que el establishment de nuestro país fuera más vehementemente europeísta que la ciudadanía.

Pero con independencia del naufragio de la Constitución Europea, le ha llegado a Rodríguez Zapatero la ocasión de demostrar en la práctica su europeísmo, su apego a la concepción federal de la Unión, su fe en los principios de integración supranacional. Y la realidad está bien a la vista: de un lado, el Gobierno ha salido en tromba a oponerse a una OPA de la alemana E.ON sobre Endesa, con el argumento de los «intereses estratégicos nacionales», que deben prevalecer, ¿faltaría más!, sobre las normas europeas. Pero de otro lado, la gran disputa sobre el Estatuto de Cataluña se ha ido reduciendo a la pugna por la preservación o no del monopolio de AENA, un resquicio del más rancio estatalismo, incompatible de todo punto con una idea cabal de la libertad de mercado, del imperio de la competencia, del principio de subsidiaridad, de los grandes criterios europeos en una palabra.

En suma, Rodríguez Zapatero y la mayor parte de la opinión pública española son europeístas en tanto se lo permite su acendrado jacobinismo. Es decir, en tanto ni se araña el anacrónico nacionalismo españolista que todavía es capaz de mover montañas. En la derecha y en la izquierda.