Un avión teledirigido israelí mató ayer a dos milicianos de Yihad Islámica y a tres civiles palestinos -dos hermanos de 8 y 14 años años y una adolescente de 16- con un misil que disparó contra un vehículo que circulaba por un barrio de la ciudad de Gaza. Ocho transeúntes que se hallaban en la zona, en su mayoría menores, resultaron asimismo heridos.

El Ejército aseguró que los dos activistas muertos habían participado recientemente en el lanzamiento de cohetes Qasam contra territorio hebreo y que uno de ellos también colaboró para entrenar a un suicida detenido en febrero cuando se dirigía a cometer un atentado en Jerusalén.

El ataque confirma que el Gobierno judío mantiene su política de asesinatos extrajudiciales pese a que el número de atentados palestinos ha descendido en las últimas semanas, y es posible que estas medidas continúen o se incrementen debido a la proximidad de las elecciones generales del próximo día 28.

Centenares de personas se congregaron ante el hospital Shifa de Gaza, adonde fueron llevados los cadáveres, y pidieron venganza.

En un incidente separado ocurrido en el campo de refugiados de Al-Bureiy, también en la franja de Gaza, murieron dos adolescentes palestinos de 14 y 15 años cuando jugaban en la calle con un un objeto explosivo.

En la sesión inaugural del Parlamento palestino, que se celebró ayer simultáneamente en Ramala y Gaza por medio de una videoconferencia, ya que Israel no permite salir de la Franja a los diputados de Hamás, se produjo el primer enfrentamiento entre los legisladores fundamentalistas y los de Fatah.

Cambio legislativo

La Cámara aprobó una iniciativa de Hamás que anula las decisiones acordadas en la última sesión de la pasada legislatura, celebrada cuando el movimiento radical ya había ganado en las urnas, y en la que, con la mayor urgencia, el entonces Parlamento controlado por Fatah, había adoptado una serie de medidas polémicas.

Los acuerdos derogados ayer incluyen la anulación del derecho que se reservaba el presidente de la ANP, Mahmud Abbas (Abú Mazen), a designar personalmente a nueve jueces que formarían una especie de tribunal constitucional que tendría la última palabra cuando surgiera un problema entre él y el Parlamento controlado ahora por Hamás.

Esa corte también tendría la capacidad de vetar las leyes que en su opinión violaran la Ley Básica que sirve de Constitución a los palestinos, es decir que limitaría la capacidad de los legisladores.

El debate estuvo marcado por agrias disputas, hasta el punto de que los representantes de Al-Fatah abandonaron la sala antes de la votación. Uno de ellos, Tayeb Abdel Rahim, acusó a los fundamentalistas de querer dar un «golpe de Estado». Un portavoz de Hamás respondió que la ley es «muy clara» cuando permite tumbar leyes aprobadas con anterioridad.