Algunos medios han dado a conocer el proyecto de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que ha elaborado una comisión de fiscales por encargo del fiscal general, Cándido Conde Pumpido, se supone que por inspiración o al menos con autorización del Gobierno. De prosperar las iniciativas plasmadas, la situación cambiaría radicalmente toda vez que el puesto de fiscal del Estado se blindaría, es decir, el titular de esta institución tendría un mandato improrrogable de cuatro años, correspondiente al plazo de una legislatura, y sólo podría ser removido en casos muy concretos -enfermedad, incapacidad manifiesta o incumplimiento grave de sus obligaciones-, para lo que la destitución debería contar con una mayoría parlamentaria reforzada de tres quintos. El candidato a fiscal debería asimismo comparecer ante la comisión de Justicia para que los grupos políticos se pronuncien sobre su idoneidad o no. El cambio de modelo sin reforma constitucional encierra una evidente contradicción -el fiscal seguirá siendo designado por el Ejecutivo, que después ya no podrá removerlo- que deberá ser analizada con cuidado antes de proceder a la mudanza.