El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, emplazó ayer al Gobierno regional a que modifique la ley electoral y advirtió de que no tiene sentido que IU no participe en la primera fase de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha cuando sí lo hará en el momento en que llegue al Congreso de los Diputados.

El principal dirigente de IU reclamó al Ejecutivo regional que «mueva ficha», porque Castilla-La Mancha es un «exponente» de una fórmula electoral «pervertida» en la que decenas de miles de personas quedan al margen.

Pero Llamazares no fue el único en referirse ayer a la reforma del Estatuto castellano-manchego. El presidente regional del PP, José Manuel Molina, confirmó su voluntad de «llegar a un acuerdo» en esta reforma e indicó que «desde luego, debe mantenerse» el término de Comunidad Autónoma y el de la unidad de España, eso «lo tenemos claro y se firmó en el acuerdo de Fuensalida», recordó el dirigente popular.

Acuerdo PP y PSOE

«Lo que firmó, lo cumplo», insistió Molina que consideró que hay párrafos «que se pueden interpretar de una manera o de otra» y por ello «quiero conocer cual es la interpretación del presidente [Barreda] sobre una serie de párrafos de lo que hemos firmado, porque no son los diez mandamientos» y por este motivo, insistió, «le pedí al presidente la entrevista». «Me imagino que cuando regrese de El Salvador se pondrá en contacto conmigo y se fijará la reunión en esa voluntad de llegar a un acuerdo», aclaró.

También el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, reiteró su confianza en que el acuerdo con el primer grupo de la oposición en Castilla-La Mancha, «y en breve plazo de tiempo», aclaró. «Queremos financiación, consolidar infraestructuras y tener más poder y autonomía en temas fundamentales para nosotros, como el agua. Por eso debemos estar de la mano y nadie entendería que el PP estuviera más en la consigna de Madrid que en los intereses de la región». De otro lado, García-Page se mostró convencido de que el PP cambiará pronto su estrategia sobre la campaña de recogidas de firmas contra el Estatut catalán.