La persistencia en el error o es falta de reflejos o es mala fe: la excéntrica propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña surgida del Parlament era efectivamente un atentado contra la Constitución vigente y una clara apuesta por un cambio radical del modelo de Estado. Pero tras su reconducción mediante la negociación PSOE-CiU no sólo se han eliminado explícitamente aquellos aspectos más chirriantes e inconstitucionales de la propuesta inicial -la definición de Cataluña como nación, el concierto económico solidario- sino que una mayoría política suficientemente expresiva -la formada por las dos grandes fuerzas catalanas- ha aceptado de forma inequívoca y rotunda la inclusión de la propuesta reformadora en el marco constitucional. Es decir, los patrocinadores actuales de la reforma están también dispuestos sin lugar a dudas a pulir las aristas que puedan quedar en un texto que, por otra parte, no se ha hecho íntegramente público todavía en el momento en que se escriben estas líneas.

Así las cosas, adquiere suma gravedad la respuesta de Rajoy a esta mudanza, que finalmente ha sido encauzada por la senda de la racionalidad y la constitucionalidad: «como aquí no estamos reformando un Estatuto de Autonomía sino cambiando el modelo de Estado -porque es lo que estamos haciendo-, vamos a presentar una proposición de ley de iniciativa popular pidiendo un referéndum». Antes de valorar esta estrategia, chirriante, inconstitucional y peligrosa -existe, como es bien sabido, otra petición de referéndum pendiente-, hay que negar la premisa mayor: en absoluto está hoy en juego un cambio de régimen, de modelo de Estado.

Diríase que la cúpula del PP sigue aquélla consigna del mal periodismo: no dejes que la realidad te arruine un buen reportaje. La táctica de futuro del principal partido de la oposición habría sido urdida para combatir la desmesura que tramaban las fuerzas catalanas, una especie de «programa máximo» del nacionalismo secundado incomprensiblemente por el PSC, y que fue alumbrado por legislativo autonómico en una especie de rapto alucinado y a pesar de los sabios avisos de Piqué. Y ahora, cuando aquel delirio que nunca debió producirse ha quedado ya archivado y apenas defendido por la independentista y solitaria ERC, el PP parece incapaz de percatarse del vuelco y continúa emitiendo los mismos mensajes... que han dejado obviamente de tener sentido.

Lo que ha ocurrido -parece ocioso tener que escribirlo- es que finalmente se han impuesto las tesis de sentido común y de rigor democrático que defendía el propio Piqué -entre otros creadores de opinión de la política y de los medios- mientras la ponencia estatutaria catalana perdía su tiempo y derrochaba en dietas el dinero de los contribuyentes analizando, por ejemplo, cómo blindar las competencias exclusivas para arañar parcelas de soberanía. Y de ahora en adelante, la obligación del Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, no consiste en seguir abonando con melodramatismo la especie de que España se rompe, por lo que habría que orquestar grandes movilizaciones para impedirlo, sino en utilizar toda la fuerza institucional que posee -148 diputados y diez millones de votos- para terminar de afinar el Estatuto catalán, asegurar la armonía del nuevo Estado autonómico que inevitablemente se formará a la sombra de las nuevas ideas, garantizar la pervivencia de la solidaridad interterritorial y encarrilar, en fin, el régimen constitucional para que abandone la tensión reinante y entre por una senda de creatividad y madurez.

Probablemente por la zozobra personal de los grandes protagonistas de la catástrofe electoral del 14-M, y gracias a la ayuda de ciertos sectarismos del entorno gubernamental, la dirección del PP ha incurrido en un escoramiento delicado del que debe regresar cuanto antes para recuperar, con la centralidad, su papel democrático, que ha de desarrollarse en el Parlamento y en las demás instituciones, y no en la calle o mediante el recurso a herramientas políticas impropias o excepcionales. En cualquier caso, no se presta un buen servicio a la ciudadanía cuando se la solivianta sin un sólido motivo para ello, y en este momento, con la reforma catalana reconducida a los términos ya conocidos, que han provocado la defección de ERC, de la que muchos nos alegramos sinceramente, no hay argumentos para seguir manteniendo el discurso disolvente -y un tanto cómico, en cierto sentido- de la desaparición de España.

La permanencia de Piqué dentro del Partido Popular de Cataluña es una buena noticia para quienes creen que sus tesis están bien encaminadas, pero este hecho relevante perderá consistencia y valor si no se constata de inmediato que sus posición prospera frente a la de quienes, como Vidal-Quadras, desearían fervientemente su desaparición política. En definitiva, hoy se dan las circunstancias objetivas para que el PP, en Cataluña en particular y en España en general, desarrolle el papel que le corresponde, de defensa de su ideario y de las reglas del Estado de Derecho, desde las instituciones de debate democrático; si se obstina en recurrir al grito y a la pancarta, contribuirá a mantener una innecesaria y ya injustificable crispación y se condenará a pervivir en la zona excéntrica del radicalismo, en territorios donde nunca echó raíces una auténtica mayoría de poder.