La Ley de Partidos (junio de 2002), consecuencia del Pacto Antiterrorista (diciembre del 2000), instado por Rodríguez Zapatero y resultado a su vez del magnifico consenso PP-PSOE en esta delicada materia, alzó un aparato legislativo y jurídico contra el mundo etarra que suponía la definitiva superación de las tesis del pacto Ajuria Enea, fenecido tiempo atrás: ya no se trataba de buscar el final dialogado de la violencia etarra ni de conseguir el trueque paz por presos que durante tanto tiempo sí fue verdaderamente posible, y sistemáticamente desechado por los violentos: la Ley de Partidos, que fue como un alarido de la madura sociedad democrática española, representaba la opción más dura de las imaginables: la proscripción definitiva del entorno político de ETA, el descarte del final dialogado, la apuesta por la vía policial apoyada en la cooperación internacional para acabar con una organización terrorista que, como se ve con más claridad día a día, se está convirtiendo por momentos en una banda mafiosa, más dedicada a la extorsión que a la defensa de idea alguna.

Es probable que, al llegar al poder, Rodríguez Zapatero y su gobierno no hayan sido del todo conscientes de las consecuencias de su propia obra anterior, de aquella Ley de Partidos que, aunque rechazada por las minorías nacionalistas, cosechó el apoyo masivo de las dos grandes fuerzas estatales y de la inmensa mayoría de la opinión pública. Y es posible que el jefe del Ejecutivo, al proyectar plausiblemente su proceso de paz -ése del que ha dado pocas explicaciones y sobre le que ha pedido un voto de confianza a sus correligionarios-, tampoco haya considerado los términos reales de la nueva situación, es decir, el hecho de que Batasuna ha sido ilegalizada. Y de ahí el manifiesto patinazo gubernamental: dando por hecho que existen contactos discretos entre el Gobierno y la izquierda abertzale encaminados a la decantación de un proceso de paz, ha quedado embarazosamente de manifiesto que las voluntades políticas no se ajustan a la legislación vigente. Legislación que la Audiencia Nacional se ha ocupado, como es lógico, de mantener plenamente en vigor, y a la que tampoco ha podido hurtarse la Fiscalía General del Estado, remisa en un principio pero finalmente cooperativa en la defensa del principio de legalidad.

Esta situación es la que ha llevado a hablar al nacionalismo democrático vasco de «ocasión perdida». Afirmación poco certera porque nadie en su sano juicio puede pensar que Batasuna iba anunciar el día 21 su condena al terrorismo, o su divorcio con ETA, o la desaparición pura y simple de la amenaza y el chantaje. Del mismo modo que el espíritu de Anoeta (y el consiguiente proceso de reflexión Bide Eginez) ha sido una teorización vana y sin consecuencias, útil apenas para mantener viva la tensión ideológica del grupo -un viejo ardid, que ha dado resultado hasta ahora a través de diversos procesos-, el pronunciamiento congresual del sábado hubiera sido un confuso alegato encaminado a ganar tiempo ante la evidencia de que la expectativa de la paz sigue pendiente de que ETA asuma su derrota y el hecho de que la democracia no va a admitir pagar un precio por la paz. En definitiva, nadie puede creer que la aplicación estricta de la legislación vigente haya frustrado nada. Entre otras razones, porque no hace falta congreso alguno, ni alarde mediático, ni solemnidad retórica de ninguna clase para anunciar el abandono de las armas por parte de ETA, o la condena de la violencia por HB, o su decisión irreversible de ingresar en política sin otras armas que las dialécticas que esgrimen las fuerzas políticas democráticas.

También esta situación -y esto es lo más triste e indecoroso del asunto- ha permitido al Partido Popular sacar tajada electoral y mediática del problema. Con una dureza absolutamente inapropiada, un portavoz del principal partido de la oposición se ha desahogado en el territorio inaceptable de los juicios de intenciones y ha manifestado que Zapatero quiere desmantelar la Ley de Partidos para «dar satisfacción a los terroristas» y «cambiar armas por naciones». Esta crítica sin fundamento conocido, que sólo puede provenir de la bajeza moral, ignora que este Gobierno de la nación, como el anterior, tiene la obligación de buscar la paz -aunque obviamente no a cualquier precio-, y que en este camino es fácil dejarse pelos en la gatera. Los mismos que se dejó Aznar cuando, embelesado por la perspectiva de que el conflicto vasco podía cesar, una posibilidad no más verosímil entonces que la de ahora mismo, se apresuró a llamar a la banda de los asesinos etarras Movimiento de Liberación Nacional Vasco, el mayor piropo que nunca recibieron los terroristas. Nadie le criticó entonces porque hubiera sido demasiado ruin utilizar la muerte y la desolación de compatriotas para obtener ventaja política en el juego democrático.