Tanto empresarios como sindicatos lamentaron ayer el intrusismo profesional que sufre el sector de la vigilancia privada, pues mientras las empresas especializadas tienen que contar con profesionales acreditados, otras contratan a personas sin formación, como inmigrantes o desempleados, que se ocupan de la vigilancia de obras en construcción y establecimientos hosteleros, principalmente. La legislación obliga al vigilante profesional a recibir un curso de formación homologada de 180 horas y, posteriormente, tiene que superar un examen teórico y práctico, con pruebas físicas incluidas.

El vigilante con certificado deberá ir convenientemente uniformado e identificado con una placa distintiva visible y el emblema de la empresa a la que pertenece.

Para Daoiz Bonilla, la solución a los problemas que padece el sector pasa por modificar la legislación con el fin de eliminar el intrusismo, endurecer los requisitos tanto para el acceso a la profesión como para las empresas y obligar a los usuarios-clientes a contratar empresas especializadas.