De los veinte integrantes de las dos células islamistas desarticuladas en Barcelona, Guipúzcoa y Madrid, el ministro del Interior ha destacado especialmente que en esta ocasión se trataba de una red con un nivel de organización muy superior a las de otras descubiertas anteriormente. Tanto, que se trataría de un grupo responsable del adoctrinamiento y envío de muyahidines a Irak, uno de los cuales incluso pudo ser el terrorista suicida que hace dos años mató a diecinueve carabinieri italianos en aquel país.

Con independencia de las actividades delictivas que se les puedan imputar a esa veintena de personas, estas últimas detenciones abundan en el especial relieve del trabajo policial contra el terrorismo islamista en nuestro país, máxime si tenemos en cuenta que desde 2005 se han detenido ya a cerca de un centenar de acusados de pertenecer o mantener vínculos con estas organizaciones y que la de la madrugada de ayer fue la segunda redada en lo que va de año; cifras y tendencias que no deben interpretarse como propia de la rutina de las fuerzas de seguridad, aunque una parte considerable de los detenidos queden posteriormente libres y sin procesamiento por falta de pruebas. La presencia o el asentamiento de grupos islamistas en España rebasa, a la vista de los datos, los cálculos oficiales conocidos, sin que valga ya la consideración de que nuestro territorio es sólo base organizativa. La peculiaridad de unas tramas sin organización jerárquica piramidal, sino más bien confirmada mediante células de trabajo estancas, con elementos que transitan indistintamente por la delincuencia común o el trabajo legal y a veces -como ha sido el caso de uno de los detenidos en esta última operación- con la cobertura de una actividad religiosa manipulada, hace que esta impermeabilidad a elementos externos sea muy costosa y lenta de romper por parte de los servicios de seguridad.

Después del 11-M y de lo ocurrido el verano pasado en Londres, los terroristas y quienes les amparan deben comprobar rotundamente que las garantías de un Estado de derecho nada tienen que ver con la impunidad bajo la que pretenden esconderse. Cada foco de activismo o adoctrinamiento en el fanatismo del que se alimentan los terroristas que sea desarticulado es un peligro del que se libra a la ciudadanía, incluidos los 500.000 miembros de la comunidad musulmana en España. Pero la lucha contra este peligrosísimo terrorismo no es fácil y las necesidades en material, técnicas y efectivos policiales y de servicios de inteligencia cuantiosas. Hasta el momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están cumpliendo eficazmente su misión y es deseable que en ningún momento les falten las herramientas y medios necesarios para erradicar este cáncer que pretende enquistarse en la sociedad musulmana española para llevar a cabo sus macabros objetivos.