Se asegura, aunque no hay que acabar de creerse lo increíble, que el Gobierno ha pactado que en el dichoso estatuto figure «el deber de conocer el catalán». Hasta ahora no era una obligación, sino un privilegio. ¿A quién no le gustaría tener el don de lenguas y anular la maldición babélica? Sería magnífico poder hablar, sin traductores, con Pavese, con Voltaire, con Schopenhauer...

Comprensivamente, el Tribunal Constitucional establece que no puede exigirse al mismo nivel de conocimiento de las lenguas cooficiales que del castellano, también llamado español. El Diccionario, cuya lectura me recomendó Azorín -«ábralo al azar», me decía- se llama de la Lengua Española. Me ha sido válido hasta ahora. Otra cosa es que me hubiese enriquecido, indudablemente, conocer otras formas de expresión. Todas son sagradas, pero no tengo queja de la que ha venido siendo hereditariamente mía. Me ha servido para comunicarme con gentes de la Patagonia. «No llore vuestra mercecita», le oí decir a una nodriza india dirigiéndose a una desconsolada niña, en un parque chileno. ¿Por qué imponer una forma determinada de expresión? Mi inolvidable amigo Néstor Luján se asombraría de esta forma de dictadura lingüística. Pero, sobre todo, lo inadmisible es transformar una ampliación del conocimiento en una disciplina. En Cataluña, y ese es uno de sus privilegios, impera el bilingüismo. Mejor para ellos y mejor para nosotros.

Los que hemos intentado en vano dominar un solo idioma podemos convertirnos en unos proscritos. Nos amplían los deberes. Se cuenta de Sócrates, aunque no hay comprobación histórica del episodio, que en vísperas de ingerir su gin-tónic de cicuta le sorprendieron sus discípulos aprendiendo un son de flauta. ¿De qué le servirá, si mañana va a morir?, le preguntaron. «De saberlo, cuando muera», dijo. Yo, como Sócrates, pero no por obligación.