En el proceso negociador sobre el Estatuto catalán, el Gobierno habría acordado ya con sus interlocutores considerar obligatorio en Cataluña el conocimiento del catalán, al mismo nivel que el castellano, una posición que a juicio de algunos constitucionalistas desborda la Carta Magna y podría ser declarada inconstitucional por el TC. (El art. 6,2 del proyecto habría quedado redactado así: «el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el deber de conocerlas». La disposición puede tener calado en lo referente a la educación y a la presencia de las administraciones estatales en Cataluña, y habría que evitar que supusiera un alzamiento de nuevas fronteras lingüísticas. Pero si el asunto se maneja con sentido común, sin radicalismos y apelando a la sensibilidad social de las gentes, no tiene por qué resultar problemático. De lo que se trata es de trasladar la normalidad social a las leyes y no de construir una normalidad artificiosa mediante las leyes.