El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, arremetió ayer contra el proceso de adquisición de Cajas Castilla La Mancha (CCM) por parte de Cajastur, que a su juicio supone una «bancarización» de la entidad castellano-machega, intervenida hace nueve meses por el Banco de España y advirtió de que los ciudadanos de esta región «se van a quedar sin caja» a causa de este «invento».
En un encuentro con periodistas en el Congreso, Montoro calificó de «híbrido» el resultado de esta operación, que achacó a que los «funcionarios» del Banco de España se han visto «empantanados» a la hora de buscar una salida, en parte para «sortear» los obstáculos puestos por las comunidades. «Una cosa es intervenir y otra gestionar», incidió.
En este sentido, el dirigente 'popular', que estuvo acompañado, entre otros, por el secretario de Economía y Empleo del PP y diputado por Albacete, Alvaro Nadal, expresó sus serias dudas de que esta operación se atenga a la actual legislación en materia de cajas de ahorro.
Y mientras se hacían estas declaraciones en el Congreso, la vicepresidenta de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, manifestaba que el Gobierno regional ejerció «con rigor y eficacia» las competencias que le atribuye la ley en materia de control y supervisión de CCM antes de su intervención por el Banco de España.
Araújo hizo esta afirmación cuando la portavoz del PP en las Cortes, Ana Guarinos, le ha preguntado si considera que el Gobierno regional ha actuado «con eficacia y rigor en lo que respecta a las competencias y garantías de supervisión y control de las entidades financieras que le competen». Guarinos pidió a la responsable de Economía de la Junta que explique «cómo es posible» que, habiendo ejercido sus funciones con rigor y eficacia, la Caja tuviera que ser intervenida por el Banco de España en marzo de este año. Y mostró su sorpresa por que Araújo haya reconocido que la Junta tiene esas competencias, algo que hasta ahora había «negado reiteradamente».
Sin embargo, Araújo destacó que las funciones que la ley le atribuye son el control y la supervisión de funcionamiento de los órganos de gobierno, del uso de la publicidad y de la ejecución de la Obra Social.
Críticas de CSIF
Por su parte, el sindicato CSIF criticó la «absoluta falta de transparencia» en todo el proceso de integración de CCM en Cajastur y exigió a los actuales gestores y al Gobierno regional que informen sobre esta cuestión «para que los representantes de los trabajadores puedan desarrollar su labor en libertad y ejercer con todas las garantías los derechos de los trabajadores».
Según apunta el sindicato en nota de prensa, esta situación «está provocando incertidumbre no deseada en los 3.000 trabajadores afectados, y sus familias, que continúan sumidos en una política de ocultación y despropósitos».
