El grupo parlamentario popular criticó ayer los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2010 porque «demuestran la falta de compromiso» del Gobierno regional con el Pacto por Castilla-La Mancha y, además, generarán más paro y más desconfianza entre los ciudadanos.
La viceportavoz del grupo popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, desgranó, en una rueda de prensa en Toledo, lo que consideran incumplimientos de los presupuestos regionales con el Pacto, un documento con más de ochenta medidas suscrito por sindicatos, empresarios y partidos -no por el PP- para contribuir a salir de la crisis económica.
Respecto al impulso de la licitación de obra pública que propugna el Pacto, Casero dijo que no es tal, puesto que hay un recorte «escandaloso» del 21 por ciento del presupuesto de las consejerías de Industria y Ordenación del Territorio en lo referente a conservación de carreteras y vivienda.
Otra de las medidas del Pacto es facilitar el acceso a financiación de las pymes, pero en las cuentas del año que viene sólo se dedican 28 millones de euros para tal fin, cantidad que ha considerado «insuficiente» para ayudar a la pequeña empresa de Castilla-La Mancha.
En cuanto al propósito de simplificar los trámites administrativos, la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia contará con un 30 por ciento menos de presupuesto.
La «obsesión» del PP
Estas fueron algunas de las críticas del PP, que tuvieron rápida respuesta. El portavoz de Economía y Presupuestos del grupo parlamentario socialista, Antonio Guijarro, dijo que el PP tiene una «obsesión» por «exagerar y verlo todo mal».
Para el diputado socialista, desde las filas populares «manipulan los datos y los utilizan a su antojo», añadiendo que estas manifestaciones reflejan la «soberbia» del PP al despreciar no solo al Gobierno regional, sino también a los agentes sociales, que han sido los encargados de elaborar el Pacto por Castilla-La Mancha, cuyas propuestas «son la base de este presupuesto».
El presupuesto para el próximo año, explicó, nace en un contexto de crisis, algo que condiciona las cifras y las prioridades, pero sus objetivos son contribuir a reactivar la economía regional, minimizando el impacto de la crisis sobre las empresas y los trabajadores.
