«Albacete tenía razón». Con esas palabras valoró ayer Nuria Garrido, portavoz de la Iniciativa Cívica por el AVE Sur, una plataforma ciudadana albaceteña, la sentencia del Tribunal Supremo que viene a confirmar otra de la Audiencia Nacional que declaraba nula la resolución del Ministerio de Fomento del 17 de febrero del 2003 en la que se aprobaba el tramo de AVE entre Motilla y Valencia, lo que a juicio de dejaba a Albacete fuera de la línea principal» de la alta velocidad entre Madrid y Levante.
La sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, reconoce que la construcción del tramo entre Motilla y Valencia, cuyas obras están prácticamente finalizadas, se ha hecho vulnerando la directiva comunitaria de hábitats y la directiva de impacto ambiental, ya que el tramo se aprobó sin contar con un estudio de la fauna en un lugar próximo a una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa) y junto a la reserva natural de las Hoces del Cabriel.
Garrido destacó la importancia de la sentencia «ya que es excepcional que decisiones gubernamentales sobre el trazado de una infraestructura de tales características sean anuladas por los jueces».
Para la plataforma esta resolución judicial pone de manifiesto que todas las expropiaciones que se han llevado a cabo y los «miles de millones gastados» se han realizado «al margen de la ley». Critican que, pese a la sentencia de la Audiencia Nacional del 2006, el Gobierno «prefiriera perseverar en el error y consumar la ilegalidad». Se mostraron conscientes de que reparar el daño que se ha hecho es difícil y responsabilizan de ello a los políticos que suscribieron la decisión (el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, José Bono (Castilla-La Mancha), Eduardo Zaplanza (Valencia), Alberto Ruiz Gallardón (Madrid) y Ramón Luis Valcárcel (Murcia), porque tomaron una decisión «desoyendo» las recomendaciones técnicas «que reflejaban que trazado con menor impacto y mayor rentabilidad era el trazado Sur».
Dan dos meses de plazo al Ministerio de Fomento para «acatar y cumplir la sentencia» que según ellos pasa por paralizar las obras, aunque conscientes de la dificultad de que eso ocurra plantean la construcción del AVE entre Albacete y Alcázar de San Juan por el actual corredor ferroviario lo que permitiría la conexión de Levante con la línea del AVE a Sevilla y con una futura conexión atlántica hasta Lisboa, retomando así la opción sur que siempre defendieron.
Además, remitirán la sentencia a la Comisión Europea, ante la que elevaron una queja sobre la actuación del Gobierno español y que estaba a la espera de que hubiera una resolución definitiva, para reactivar las diligencias por una infracción del derecho comunitario. Garrido recordó que el reglamento comunitario impone para infracciones de este tipo la devolución de las subvenciones recibidas y la suspensión de toda nueva financiación por lo que estarían en juego entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
