Franco ya no tendrá la Medalla de Oro de la ciudad, 63 años después de habérsela concedido. El pleno del Ayuntamiento de Albacete aprobó ayer, con la abstención del grupo municipal del PP, la retirada de la medalla concedida al dictador por acuerdo plenario del 26 de abril de 1945 y que el propio Franco recogió en marzo de 1946 en una visita realizada a la ciudad.

La portavoz de Izquierda Unida (formación que propuso la retirada), Rosario Gualda, recordó que fue la «Corporación franquista» presidida por Eduardo Quijada la que concedió la Medalla de Oro de la ciudad «como expresión honorífica del más alto galardón que el pueblo de Albacete otorga al mérito insigne de ilustres hijos de la Patria», tal y como consta en el acta plenaria de concesión. «Franco no merece la medalla», señaló la concejal izquierdista recordando que la Asamblea de Europa condenó la violación de los Derechos Humanos del régimen franquista «estableciendo el 18 de julio, el día oficial de condena a ese régimen».

La Ley de la Memoria Histórica sirvió como aval a Izquierda Unida para proponer la retirada de la Medalla pero IU consideró que la aplicación de la normativa no se puede quedar en la retirada de los símbolos franquistas «sino en condenar sin ambigüedades el franquismo».

El portavoz popular para este debate, José Luis Serrallé, justificó la abstención de su grupo en que se trata de un asunto que no preocupa a los albaceteños «porque los ciudadanos están más preocupados por el paro o por la subida de las hipotecas que por reabrir viejas heridas». Según el responsable popular «el tiempo pondrá a personajes como Franco, Largo Caballero, Dolores Ibárruri o Calvo Sotelo en su lugar» y aseguró que no tienen que ser los políticos los encargados de ello «sino los historiadores».

Para Gualda, «a cualquier albaceteño con profundas convicciones democráticas le repugna la concesión de esta medalla» y recordó que «estamos obligados por la Ley y por nuestras convicciones democráticas».

«Exterminio sistemático»

La portavoz izquierdista criticó «los tópicos del PP repetidos machaconamente» al tiempo que lamentó que se perdiera la oportunidad de condenar «un exterminio sistemático que se prolongó hasta los años cincuenta y que acabó con 137.000 personas víctimas del genocidio, reclusión por traslado a campos de concentración nazi, crímenes de guerra o desapariciones masivas.

Gualda rechazó que se reabriera ninguna herida «porque no están cerradas, porque no se cierran hasta que se pone una losa en la tumba con un nombre donde los familiares puedan ir a llorar a sus muertos». La portavoz izquierdista aseguró (citando varios documentos franquistas) que las víctimas del bando nacional en la Guerra Civil pudo enterrar a sus muertos.

En un sentido similar se pronunció el portavoz del PSOE, Antonio Martínez, que acusó al PP de «haber perdido la oportunidad de no ser de izquierdas o de derechas, sino de profundas ideas democráticas».

La moción también sirvió para que el Ayuntamiento se comprometiera a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de las desapariciones que tuvieron lugar en la capital albaceteña (IU las cifra en unas 500) «algo a lo que estamos obligados por decencia y por humanidad», aseguró Gualda.

«Son medidas para tratar de reparar el daño ocasionado a las familias de las víctimas», sentenció el portavoz socialista.