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¿Deben colocarse cámaras de videovigilancia en las calles de Albacete?
Aviso, cámaras grabando
El Ayuntamiento estudia pedir autorización para que el circuito cerrado de televisión del servicio de tráfico se use para vigilar la seguridad ciudadana, grabando imágenes

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Aviso, cámaras grabando
CADA VEZ MÁS. Un operario manipulando las cámaras que hay en la plaza del Altozano. / M. PODIO
Un cartel colgado en el cristal de una heladería de la avenida Isabel La Católica advierte: sistema de grabación 24 horas. Sin salir de esa misma calle, en una farmacia cercana, al cliente le avisan también de que hay cámaras de vigilancia. En esa misma acera, una gestoría ha colgado un cartel en su puerta de entrada que llama la atención a todo aquel que franquee el acceso: Zona Videovigilada.

La proliferación de cámaras de vigilancia, algunas acompañadas de sistemas de grabación, es un hecho. Estos 'ojos que todo lo ven', hasta no hace tanto reservados para edificios oficiales, se extienden como una mancha de aceite.

«Calculo que más del 50% de los establecimientos comerciales en Albacete tienen ya un sistema de grabación», apunta el director comercial de Secisa, Luis Miralles, que defiende la idoneidad de estos sistemas «ante la inseguridad que está habiendo» para tener «un registro de lo que pasa en la tienda, controlando al personal que entra» y, sobre todo, por su «efecto disuasor».

A partir de mil euros

Los avances tecnológicos son, en buena medida, culpables de la extensión de estos sistemas de seguridad, cada vez son más sencillos y más baratos. «Una tienda pequeña puede tener su equipo, formado por 2 ó 3 cámaras y un equipo de grabación apropiado, por entre 1.000 y 1.500 euros», cita a modo de ejemplo el director comercial de Secisa, «y a partir de ahí lo tienes todo, hasta PDAs que te permiten ver tu tienda sin necesidad de estar tú ahí o poder saber qué ha ocurrido en tu local hace quince días estando en cualquier lugar del mundo gracias a Internet».

Miralles explica que mientras se avise al cliente de que en el lugar hay videovigilancia, se destruyan las imágenes debidamente y se respete la Ley de Protección de Datos, y no se enfoquen las cámaras a la calle, no hay ningún problema legal con estos sistemas de seguridad.

El debate acerca de hasta qué punto la grabación de lo que un transeúnte hace en la calle no supone una intromisión en su intimidad se plantea, por tanto, cuando hablamos de sacar las cámaras a la vía pública. Y aquí, en Albacete, lo han abierto los propios comerciantes que, a raíz de el último y violento atraco sufrido por la joyería Mompó, hace menos de un mes, plantearon a las autoridades la instalación de estos sistemas de videovigilancia con grabación para sentirse más seguros.

Ciudades como Madrid, Málaga o Ceuta ya lo han hecho, agarrándose a Ley 4/1997 más conocida como Ley de Videovigilancia, que permite la colocación de cámaras autorizadas para captar todo lo que suceda en la calle, bajo supervisión policial, para «asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como para prevenir la comisión de delitos», dice el artículo 1.1.

En Albacete, las autoridades locales están sopesando la posibilidad de transformar las ocho cámaras que el Ayuntamiento tiene instaladas en la ciudad para controlar el tráfico desde 1998, en cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad ciudadana. «No tenemos nada decidido, pero estamos estudiando pedir esta autorización», explica la concejal de Seguridad, Teresa Losa.

Y es que nadie puede colocar una cámara en la calle así porque sí. Para empezar, debe haber un motivo: «La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles», dice el artículo 6.4 de la Ley de Videovigilancia.

¿Existen razones?

En base a este principio de proporcionalidad, que habla de que la videocámara sólo podrá utilizarse «cuando resulte adecuado» y buscando una «intervención mínima» para evitar invadir la intimidad de las personas, y siempre y cuando exista una razón para su uso, el Ayuntamiento de Hellín, por ejemplo, logró permiso esta Semana Santa para utilizar una cámara móvil que sirviese para garantizar la seguridad de sus populosas tamboradas.

Por tanto, ante la petición de los comerciantes de la capital, lo primero que habría que averiguar es si en Albacete existe un «razonable riesgo para la seguridad ciudadana» que justifique su instalación. La polémica está servida. Los defensores de estos sistemas de seguridad, como Miralles, se muestran convencidos de que «están dando sus frutos, porque se logra disuadir y observar el hecho delictivo, pues todo se queda registrado». Otros prefieren sentirse menos controlados, aunque merme en algo la seguridad.

Comisión jurídica

Una vez justificada su necesidad, habría que estudiar qué tipo de cámaras se colocan, pues las exigencias legales no son iguales para los fijas que para las móviles, y sobre todo si con las cámaras se quiere instalar un sistema de grabación. En este caso, hay que garantizar que las imágenes y sonidos se destruirán en el plazo de un mes, informar al público de que está siendo grabado y de quién es la autoridad responsable que controla esas imágenes, por si desease ejercer el derecho de acceso y cancelación a las imágenes en las que el interesado aparece.

Todas estas garantías legales son las que debe tener en cuenta la Subdelegación del Gobierno, organismo encargado de conceder las autorizaciones, oído el dictamen de la comisión de videovigilancia que presidente Vicente Rouco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Quizás pronto tengan que estudiar si dan luz verde, o no, a la videovigilancia en el centro de la ciudad, tal y como han pedido los comerciantes.
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