La Verdad

Hubo un tiempo, perdido en la noche de los tiempos, en el que todos los alcaldes de España se parecían al de Móstoles o al de Zalamea. En sus bastones llevaban dos borlas, quizá simbólicas, y además no las desmentían cuando la ocasión las reclamaba. Ahora, no por culpa de ellos, ni por culpa del arrasador urbanismo, se han tenido que convertir en contables. «En este pueblo todos aspiran a trabajar en el ayuntamiento», acaba de decir el alcalde de Finestrat, del PP, que ya emplea a 34 simpatizantes de su partido.

No es una excepción ese pueblo alicantino, cercano a Benidorm. En muchos municipios españoles los ayuntamientos se han convertido en agencias de colocación y el ochenta por ciento de su presupuesto se destina a la gente que trabaja en el ayuntamiento. Con el amenazado 20 por ciento restante se atiende, más o menos, a las necesidades de los vecinos.

Fallan muchas cosas, pero es evidente que falla el presupuesto y ha estallado la rebelión de los alcaldes. Han lanzado un ultimátum a Zapatero y le exigen 7.000 millones de euros más al año. «Si no nos hacen caso, esto es la guerra», ha dicho Pedro Castro, presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Por la gran parte que le toca, Alberto Ruiz-Gallardón exige que las ciudades deben tener un porcentaje de los tributos autonómicos.

El dinero sólo resuelve los problemas de dinero. Quien tiene un cáncer -de garganta o de ETA- sabe que eso no se corrige echándole millones. Si la estocada está en su sitio da igual viajar a Huston o entablar conversaciones secretas, de esas que luego se hacen públicas. Lo que se atenúa con dinero, aparte de los duelos, son las penurias financieras. Mal momento han escogido los alcaldes para paliarlas. Sin duda tienen mil razones para exigir, pero Zapatero esgrime una sola para no dar: no hay dinero.