ESPAÑA
El Gobierno recurrirá al TC para frenar al lehendakari
Recuerda que su iniciativa es contraria a la Constitución, al Estatuto de Guernica y al ordenamiento jurídico
Salgado, en el momento de anunciar la postura del Gobierno. / EFE
El Gobierno frenará en seco la iniciativa de Juan José Ibarretxe si el Parlamento vasco la aprueba y se convierte en ley. El instrumento será un recurso de inconstitucionalidad que los Servicios Jurídicos del Estado preparan ya. Su mera admisión en el Constitucional supondrá la suspensión inmediata de la norma cuestionada por un plazo de inicial de cinco meses, lo que hace inviable la celebración de la consulta de octubre.
Acababa de presentar en público el lehendakari en Vitoria el contenido de su iniciativa cuando le llegó la respuesta del Ejecutivo. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, compareció para dejar constancia, una vez más, de la «total oposición» del gabinete de Rodríguez Zapatero al proyecto con el que se intenta dar cobertura legal a un referéndum sobre el final dialogado con ETA y el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Pero esta vez las palabras vinieron acompañadas con el aviso de una actuación judicial.
El Gobierno podría haber optado por un recurso contencioso-administrativo presentado por su delegado en el País Vasco ante el Superior de Justicia de la comunidad. Pero durante su tramitación en aquel tribunal, como la resolución del correspondiente recurso ante el Supremo, la ley que habilita al lehendakari a convocar un referéndum seguiría viva y en vigor.
El Ejecutivo ha preferido acogerse al artículo 161.2 de la carta magna y presentar de manera directa un recurso ante el Constitucional que deberá firmar Rodríguez Zapatero en persona. La corte comunicará entonces la iniciativa gubernamental al Parlamento vasco, comunicación que suspenderá de manera automática la vigencia de la norma cuestionada. Tras un primer plazo de cinco meses, el Constitucional puede mantener la suspensión en vigor hasta un máximo de cinco años si no hubiese resuelto antes el fondo de la reclamación del Gobierno socialista.
Respuesta seria
La rápida actuación del Gobierno evidencia que Rodríguez Zapatero ha comenzado a tomarse en serio el reto de Ibarretxe. Cuando el dirigente autonómico presentó el 28 de septiembre ante el pleno de la cámara vasca su 'hoja de ruta', el jefe del Ejecutivo creyó que iba de farol, que se trataba únicamente de una ocurrencia propia del clima preelectoral.
Entonces los socialistas optaron por una respuesta de perfil bajo y por la mera declaración política. Ahora, sin perder la compostura dialéctica y de forma medida -no es casual que el aviso no provenga de Rodríguez Zapatero o de la vicepresidenta primera- han dado un paso al frente. Salgado insistió en que lo que pretende Ibarretxe es contrario a la Constitución, al Estatuto de Guernica y al ordenamiento jurídico que, ni reconoce el derecho de autodeterminación ni concede a nadie más que al presidente del Gobierno la potestad de convocar referendos.
Acababa de presentar en público el lehendakari en Vitoria el contenido de su iniciativa cuando le llegó la respuesta del Ejecutivo. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, compareció para dejar constancia, una vez más, de la «total oposición» del gabinete de Rodríguez Zapatero al proyecto con el que se intenta dar cobertura legal a un referéndum sobre el final dialogado con ETA y el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Pero esta vez las palabras vinieron acompañadas con el aviso de una actuación judicial.
El Gobierno podría haber optado por un recurso contencioso-administrativo presentado por su delegado en el País Vasco ante el Superior de Justicia de la comunidad. Pero durante su tramitación en aquel tribunal, como la resolución del correspondiente recurso ante el Supremo, la ley que habilita al lehendakari a convocar un referéndum seguiría viva y en vigor.
El Ejecutivo ha preferido acogerse al artículo 161.2 de la carta magna y presentar de manera directa un recurso ante el Constitucional que deberá firmar Rodríguez Zapatero en persona. La corte comunicará entonces la iniciativa gubernamental al Parlamento vasco, comunicación que suspenderá de manera automática la vigencia de la norma cuestionada. Tras un primer plazo de cinco meses, el Constitucional puede mantener la suspensión en vigor hasta un máximo de cinco años si no hubiese resuelto antes el fondo de la reclamación del Gobierno socialista.
Respuesta seria
La rápida actuación del Gobierno evidencia que Rodríguez Zapatero ha comenzado a tomarse en serio el reto de Ibarretxe. Cuando el dirigente autonómico presentó el 28 de septiembre ante el pleno de la cámara vasca su 'hoja de ruta', el jefe del Ejecutivo creyó que iba de farol, que se trataba únicamente de una ocurrencia propia del clima preelectoral.
Entonces los socialistas optaron por una respuesta de perfil bajo y por la mera declaración política. Ahora, sin perder la compostura dialéctica y de forma medida -no es casual que el aviso no provenga de Rodríguez Zapatero o de la vicepresidenta primera- han dado un paso al frente. Salgado insistió en que lo que pretende Ibarretxe es contrario a la Constitución, al Estatuto de Guernica y al ordenamiento jurídico que, ni reconoce el derecho de autodeterminación ni concede a nadie más que al presidente del Gobierno la potestad de convocar referendos.
