Así y con respecto a las denominadas aulas de convivencia desde la Asesoría insistieron en que éstas han de ser unas aulas de reflexión de conducta y de adquisición de compromisos de mejora, «manejada por un profesorado ya formado», donde se han de desarrollar además de las actividades académicas propuestas por el docente que envíe al alumno a este servicio, sino también actividades de educación socio-emocional y habilidades sociales.
Desde la Asesoría lamentaron que estas aulas de la convivencia puedan acabar convertidas, según se refleja en el borrador de decreto, únicamente como medida sancionadora. En este sentido mostraron su preocupación porque se apunte que «la atención del alumno en este aula debe ser vigilada». Por el contrario desde la Asesoría consideran que «la atención al alumnado que realice tareas educativas fuera de clase debe ser responsabilidad, no vigilancia, de un profesor con formación exclusiva, para que la medida sea educativa».
Expulsión temporal
Otra de las cuestiones del Decreto con las que están en desacuerdo es con la medida de expulsión temporal de alumnos de un centro. «Va en contra de los principios que fundamentan la escolarización obligatoria sino se acompañan de otras medidas educativas que refuercen dicha actuación».
Tampoco comparten desde la Asesoría la regulación del proceso de mediación que se plasma en el futuro Decreto de Convivencia. Así subrayaron que el procedimiento a llevar a cabo no queda explicado claramente, lo cual genera confusión. «No se desarrolla de manera completa este procedimiento por lo que los centros no saben quién, ni cómo, ni cuando aplicarlo». Desde la Asesoría indicaron que es necesario que se compute al profesorado que realice estas funciones de mediación el tiempo que dedique a las mismas como horario lectivo.
Desde CC OO y desde la Asesoría recordaron que si la Administración apuesta por una mejora de la convivencia en los centros de la Región debe poner los medios necesarios, incluyendo recurso formativos, para su aplicación.







