Lunes, 30 de abril de 2007
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Publicado: 16:30

EMPLEO público
La Junta no podrá contratar empresas sancionadas por siniestralidad laboral
En virtud del acuerdo firmado hoy, se va a primar también la calidad del empleo de forma activa
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El II Acuerdo por la Estabilidad del Empleo Público establece que la Junta no podrá contratar empresas que hayan sido sancionadas por siniestralidad laboral y también fija el compromiso de favorecer la transformación de contratos temporales en indefinidos.
El II Acuerdo por la Estabilidad del Empleo Público fue suscrito hoy, en el Palacio de Fuensalida, por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda; los secretarios regionales de los sindicatos UGT, Carlos Pedrosa, y CCOO, José Luis Gil; y las consejeras de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, y Economía y Hacienda, María Luisa Araújo.
El aspecto más novedoso de este pacto, que viene a sustituir al que se firmó en 1998, es que a la hora de contratar servicios por parte de la Junta quedarán excluidas las empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por asuntos relacionados con la siniestralidad y la salud laboral.
Carlos Pedrosa, que explicó los principales puntos del acuerdo, resaltó el referido a los accidentes laborales, porque ha sido una reivindicación fundamental de los sindicatos de clase en los últimos años.
En virtud del acuerdo se va a primar también la calidad del empleo de forma activa, de manera que el contratista no podrá formalizar contratos por menos de 20 horas semanales, además, no se permite la subcontratación a terceros.
Se establece asimismo que los contratos no serán inferiores a los márgenes económicos que marquen los correspondientes convenios colectivos y se marca el compromiso de transformar contratos temporales en indefinidos, así como el de no utilizar las cláusulas de descuelgue salarial.
En todo el texto se busca la mejora de la calidad de los servicios públicos y se deja clara la necesidad de limitar la temporalidad en la Administración regional al 10 por ciento.
También se menciona en el acuerdo la necesidad de fomentar la inserción laboral y adoptar medidas contra la discriminación de género, de contribuir a la eliminación de barreras y favorecer la integración laboral de los inmigrantes, así como la conservación y mejora del medio ambiente.
Se ha redactado un anexo por el que, en el seno de la comisión de seguimiento del acuerdo -integrada por dos miembros de la Junta y uno de cada sindicato-, se podrá revisar la recuperación de algunos sectores actualmente externalizados por la Administración autonómica y también los salarios de los colectivos más desfavorecidos.
Pedrosa subrayó que este acuerdo "nos coloca a la vanguardia" en eficacia de los servicios y estabilidad del empleo, en el ámbito de las contrataciones de la Junta para la prestación de servicios, con medidas "de gran calado" que van a mejorar la calidad de vida y trabajo de unos empleados con deficiencias en sus condiciones de trabajo.
José Luis Gil también apuntó el avance que supone en pro de un empleo estable, de calidad y con derechos; y los dos responsables sindicales agradecieron el trabajo realizado por quienes han redactado el acuerdo y la sensibilidad del Gobierno regional para que se haya llegado hoy a su firma.
El presidente regional también felicitó a los sindicatos por la defensa que hacen de los trabajadores con acuerdos como este y otros suscritos con anterioridad y que están dando frutos.
Barreda enmarcó el acuerdo en "el ambiente propicio al pacto que trato de fomentar" y resaltó que con él "todos ganamos, la sociedad y los trabajadores".
Asimismo, el presidente de la región se refirió a dos "intangibles" que están propiciando el crecimiento de Castilla-La Mancha en todos los ámbitos: la estabilidad política, que da confianza y seguridad, y el clima de pacto, muy valorado por los inversores.
Resaltó que Castilla-La Mancha ha llegado a un récord de ocupados, con 827.100; a la tasa de empleo más alta de su historia, del 51,24 por ciento, y la de paro más baja, del 7,6 por ciento.
El acuerdo beneficiará a todo el sector externalizado de la Junta de Comunidades y sus organismos autónomos, que es como "una administración paralela, por lo que podríamos estar hablando de 50.000 ó 60.000 trabajadores", explicó Carlos Pedrosa. EFE
egm
(Con fotografía)

 
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